La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar a 14 Empresas Promotoras de Salud (EPS), por presuntamente no suministrar, de manera reiterada, a sus afiliados, servicios y medicamentos prescritos por los médicos tratantes, llevándolos a presentar acciones de tutela para obtenerlos, a pesar de que se encontraban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS).
A través de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa se indaga inicialmente a: Asmet Salud, Cafesalud, Capital Salud EPS, Caprecom, Comparta, Confama Alianza Medellín – Savia, Coomeva, Emsanar, Nueva EPS, Salud Total, Sanitas, Salud Vida, Sanitas, Servicio Occidental de Salud S.O.S y Sura EPS.
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Los hechos, que son producto de investigación, fueron evidenciados en un informe elaborado por la Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, que encontró numerosos casos en que los usuarios debieron acudir a la acción de tutela para obtener medicamentos y servicios incluidos en el POS.
El organismo de control, a través del Subcomité Técnico de Seguridad Social en Pensiones y Salud, ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos que se investigan.
También se abrió indagación a la ESE Hospital San Francisco de Asís (Chocó), por presuntas irregularidades administrativas, que fueron evidenciadas al término de una visita del Programa de Vigilancia Especial a las Empresas Sociales del Estado, que creó la Procuraduría en el mes de junio.
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El Programa de Vigilancia Especial a las Empresas Sociales del Estado ha hecho inspección en hospitales de Popayán, Quibdó, Yopal, y Calarcá, y tiene proyectado un cronograma de trabajo para las regiones más críticas del país.Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación expidió una circular para que jueces y magistrados reporten trimestralmente al Ministerio Público fallos de tutela y autos sancionatorios por desacatos derivados de la negación del POS. Con este reporte la Procuraduría busca identificar y sancionar los casos reiterados de negación de los servicios y tecnologías que debe reconocer el sistema de salud.
