El exalcalde de Santa Marta y precandidato presidencial 2018, Carlos Caicedo Omar no podrá salir del país porque un fiscal de Derechos Humanos encontró evidencias que lo vinculan con el crimen de Hugo Elías Maduro Rodríguez, estudiante de la Universidad del Magdalena.
El hecho ocurrió el 26 de mayo del año 2000, cuando Elías Maduro fue víctima de un atentado en su residencia. El crimen fue ejecutado por Gelmet Sait Hincapié De la Cruz y Luis Carlos López Castro, quienes al parecer pertenecían al grupo de los “Urbanos de Santa Marta” de las AUC al mando, en ese tiempo, de Hernán Giraldo Serna y Giovanni Navarro Ordóñez.
En ese año, Carlos Caicedo había sido reelegido por cuatro años como rector de la Universidad del Magdalena. Según la Fiscalía, el homicidio habría sido ordenado como consecuencia de las denuncias por corrupción al interior de la institución educativa interpuestas por el estudiante.
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"El fiscal de conocimiento cuenta con testimonios sobre la presunta entrega de contratos de Caicedo Omar a grupos paramilitares cuando se desempeñaba como rector de la Universidad del Magdalena
durante el período 1996-2006", aseguró el ente investigador.
Caicedo deberá cumplir medidas no restrictivas de la libertad, como no salir del país, tener vigilancia permanente y no comunicarse con testigos o con las víctimas involucradas en el proceso. También deberá pagar una sanción económica de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (24 millones de pesos).
Como Maduro, otros dos estudiantes de la Universidad de Magdalena fueron asesinados, en ese momento Caicedo denunció una guerra paramilitar contra la institución, acusaciones que fueron desmentidas por el exgobernador de Magdalena, Hugo Trino, condenado por parapolítica. Caicedo resultó, luego, vinculado al asesinato.
Durante su administración de diez años al frente de la Universidad del Magdalena se le han reconocido varios triunfos. Entre ellos lograr superar un déficit financiero de la institución, llevarla a uno de los mejores puestos a nivel nacional y aumentar el número de estudiantes de dos mil a nueve mil. Posicionamiento que fue reconocido por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2000.
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Fue uno de los promotores de la Séptima Papeleta, y estuvo vinculado al partido Unión Patriótica durante la Constituyente de 1991. Además, hizo parte de la consulta de izquierda para las elecciones presidenciales de 2018.
Sin embargo, enfrentó un proceso frente a la Contraloría y la Procuraduría por haber usado dinero de la universidad para pagar cesantías en mora a varios funcionarios, plata que no tenía autorización para tal fin. Fue condenado a ocho años de cárcel y al pago de una multa por más de mil millones de pesos, pero fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá.
También fue capturado en noviembre de 2017 por presuntos malos manejos irregulares en su alcaldía, principalmente por la remodelación de la calle 22 en la capital de Magdalena. Su captura fue justo el día que iba a oficializar su candidatura presidencial por firmas en Bogotá, finalmente fue dejado en libertad por falta de pruebas.
