Juez ordena libertad de alcalde y exalcalde de Santa Marta

1 de diciembre del 2017

El juez argumenta falta de material probatorio.

Santa Marta

Luego de que el pasado 28 de noviembre la Fiscalía General de la Nación hiciera efectiva la orden de captura en contra del exalcalde de Santa Marta y precandidato presidencial, Carlos Caicedo, un juez decidió dejarlo en libertad debido a que no encontró el material probatorio suficiente para mantenerlo privado de la libertad.

Lo mismo ocurrió con el actual alcalde, Rafael Martínez, acusado de cometer irregularidades en procesos de contratación para la construcción de cinco puestos de salud, pero el juez argumenta falta de pruebas para tenerlo privado de la libertad.

“Los argumentos que utilizó la Fiscalía para pedir la medida de aseguramiento fueron muy pobres… Juridicamente no había ningún motivo para mantenerlos privados de la libertad”, afirmó Iván Cancino, abogado de Caicedo y Martínez.

Carlos Caicedo es señalado de haber cometido varias irregularidades en procesos de contratación durante su periodo como alcalde de Santa Marta, entre los que se destacan los retrasos en las obras de la Calle 22 y anomalías en los contratos para los servicios de salud.

Asimismo, al exfuncionario se le investiga por irregularidades en la construcción de varios escenarios deportivos que harían parte de los Juegos Bolivarianos que se desarrollaron en la capital del Magdalena.

La captura del exalcalde fue motivo de polémica, ya que se produjo por agentes especiales de la Policía Judicial en el momento que se disponía a viajar a Bogotá con el fin de traer más de dos millones de firmas que avalaban su precandidatura.

Mientras que al actual alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, se le investiga por irregularidades en los procesos de contratación para adecuación y remodelación de los centros de salud de La Candelaria, La Paz y Taganga, que tenían un valor de 5.863 millones de pesos.

Por lo pronto, a pesar de que las investigaciones contra los dos funcionarios continúan, el abogado de los señalados invita a la Fiscalía a no ser un órgano politizado y persecutorio de los candidatos y precandidatos que no tienen afinidad con ciertos sectores políticos.

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