Al menos 23 personas fallecieron y otras 715 resultaron heridas en Bolivia desde el inicio de la crisis política que vive ese país sudamericano, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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"CIDH actualiza las cifras de víctimas en Bolivia: desde ayer son 9 fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la policía y fuerzas armadas. Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política", dijo la organización en su cuenta de Twitter este sábado.
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La Comisión expresó su preocupación por las acciones de las Fuerzas Armadas en Bolivia a lo largo de esta semana, así como por "las amenazas de expulsión de autoridades, agresiones y uso de gas por parte de la policía contra periodistas que cubren protestas".
"Los estándares Interamericanos establecen el deber limitar al máximo su participación en el control de disturbios internos", subrayó.
Comentado esas cifras, el expresidente boliviano Evo Morales denunció que "mientras el pueblo humilde clama por paz y diálogo, el régimen de facto de Camacho, Mesa y Añez, reprime con tanques y balas".
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"Esa es la verdadera dictadura que masacra sin clemencia", tuiteó.
Según informó antes la Defensoría del Pueblo, el 15 de noviembre una represión militar-policial a una marcha antigubernamental de productores de coca en el departamento de Cochabamba (centro) dejó al menos nueve muertos y más de un centenar de heridos, todas las víctimas entre los manifestantes.
Los cocaleros movilizados pertenecen a sindicatos liderados por Morales, el presidente ahora exiliado en México tras resultar forzado a renunciar el 10 de noviembre por manifestaciones convocadas contra un supuesto fraude electoral a las que se sumaron los militares y policías.
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El 12 de noviembre pasado, la senadora opositora Jeanine Áñez asumió la presidencia interina de Bolivia, en una sucesión sin acuerdo parlamentario aunque avalada por el Tribunal Constitucional.
El viernes, Áñez declaró que tomaría "medidas constitucionales" para combatir a supuestos "grupos subversivos armados" que estarían detrás de persistentes protestas sindicales y vecinales contra su gobierno de facto.
Según descubrió este sábado la CIDH, el mismo 15 de noviembre Áñez aprobó un decreto que permite a las Fuerzas Armadas emplear "todos sus medios disponibles" para "la defensa de la sociedad y la conservación del orden público".
