La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que en el 2018 emitió 143 medidas cautelares en Nicaragua. Con esto superó ampliamente las medidas publicadas en los últimos diez años, desde el 2007 hasta el 17 de abril de 2018.
En el transcurso de los últimos 10 años, antes del inicio de la crisis en abril del 2018, la CIDH apenas había emitido ocho medidas cautelares para Nicaragua.
Pero tras el estallido de las manifestaciones sociales contra el gobierno de Daniel Ortega, el pasado mes de abril, también aumentaron las medidas cautelares que dio la CIDH para garantizar los derechos humanos a favor de 143 ciudadanos.
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En los últimos ocho meses, la CIDH actuó en favor de estudiantes opositores del gobierno, defensores de derechos humanos, sacerdotes, familiares de víctimas de las protestas y periodistas que rechazan las acciones represivas de las autoridades nicaragüenses, avaladas por el poder Ejecutivo.
“Hubo más demanda y también la CIDH ha generado un mecanismo de respuesta más oportuna y eficiente con Meseni (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua)”, dijo al periódico nicaragüense El Nuevo Diario el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao.
“Algunos de los beneficiados, entre ellos estudiantes y periodistas, actualmente guardan prisión, y en este sentido las medidas cautelares sirven para que el Estado garantice sus derechos dentro de la cárcel”, añadió Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH.
En el marco de la crisis en Nicaragua han muerto más de 325 personas de forma violenta, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También hay más de 600 manifestantes presos.
Para la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) van 545 fallecidos, mientras que el presidente Ortega dice que han muerto 195 individuos.
Por su parte, la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) expuso ante la CIDH que 32 menores de edad murieron durante las manifestaciones que tuvieron su punto más álgido en mayo del año pasado.
