La crítica situación de los defensores de derechos humanos en Colombia

La crítica situación de los defensores de derechos humanos en Colombia

18 de febrero del 2015

La situación de los defensores de los derechos humanos en Colombia está más cerca del infierno que del paraíso, con un aumento en los asesinatos de activistas del 71 % en 2014, según el informe anual del programa no gubernamental Somos Defensores publicado este miércoles.

El documento muestra que el año pasado fueron asesinados en el país 55 defensores de los derechos humanos, seis de ellos mujeres, y que las agresiones de diferente tipo alcanzaron su cota más alta desde 2002 con 626 casos, un incremento del 71 % frente a 2013.

“Durante el 2014, en promedio cada siete días fue asesinado un defensor o defensora de derechos humanos en Colombia“, señala el informe, y agrega que “cada día fueron agredidos dos defensores”, con base en el registro del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Siaddhh).

El documento recurre a un símil con “La Divina Comedia” para mostrar este panorama y con ese propósito el informe está dividido en los capítulos de “El Infierno”, “El Purgatorio” y “El Paraíso”, como el poema de Dante Alighieri.

Los datos sobre asesinatos y agresiones en general están en el capítulo de “El Purgatorio“, que muestra que en 2013 los defensores de derechos humanos fueron “víctimas de una andanada de amenazas jamás registradas en Colombia“, que incluyen asesinatos, atentados, amenazas, detenciones arbitrarias, desapariciones, robos de información y uso arbitrario del sistema penal.

Pero el documento va más allá y advierte de que quienes defienden los derechos humanos viven “un verdadero infierno” porque la protección que deberían tener por parte del Estado colombiano está muy lejos de ser la adecuada.

Según el informe, que como en “La Divina Comedia” presenta el “infierno” de los defensores en nueve círculos, el modelo de protección del Estado “está al borde del fracaso” y las fallas del organismo responsable de implementarlo costaron la vida, al menos, a cinco personas protegidas desde 2012.

Este esquema está a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que depende del Ministerio del Interior y que, según la investigación, no es viable en el futuro porque, entre otros males, padece “el cáncer de la corrupción”.

“Son muchos los elementos que permiten establecer que los malos manejos y la red de corrupción en la UNP fueron y son un riesgo latente para mantener la protección a personas en riesgo”, expresa el documento.

Somos Defensores llama la atención para “el limbo de ‘los no protegidos'”, situación en la que quedan las personas que recurren a la UNP en busca de protección y se les rechaza su solicitud.

Según el estudio, entre enero de 2012 y junio de 2014 la UNP recibió unas 17.000 solicitudes de protección estatal, de las cuales 5.872, es decir el 34 %, fueron presentadas por civiles que defienden los derechos humanos.

De esas 5.872 solicitudes, solo 2.611, menos de la mitad, fueron respondidas de manera positiva por la UNP y las restantes 3.261 fueron devueltas o declaradas sin riesgo, y son esas las personas que han quedado en el limbo, sin protección del Estado y con su vida e integridad en peligro.

A lo anterior hay que agregar que en muchos casos la protección que reciben es insuficiente porque suele suceder que los vehículos que les asignan no reúnen las condiciones mecánicas o no tienen gasolina, entre otras deficiencias.

Las fallas de la UNP costaron la vida en los tres últimos años a personas que corrían riesgo “extraordinario”, como los reclamantes de tierras Jesús Adán Quinto, Juan Alberto Causado Priolo, Iván Darío Restrepo y Manuel Antonio Ruiz Torreglosa, o el periodista Luis Carlos Cervantes, que a pesar de las múltiples amenazas recibidas carecía de protección.

“Cada caso tipifica una falla en el servicio de protección, son casos emblemáticos. Los líderes de restitución de tierras deben ser protegidos, y no se entiende cómo les quitan el esquema de protección”, dijo a Efe el coordinador de Comunicaciones de Somos Defensores, Carlos Guevara.

El informe denuncia además el mal manejo financiero de la UNP durante la gestión de Andrés Villamizar, quien renunció al cargo de director en diciembre pasado en medio de una grave crisis de la entidad, y la privatización de los servicios de protección, que deberían estar en manos del Estado.

Tras el recorrido por “El Infierno” y “El Purgatorio”, el documento llega a “El Paraíso” en el que más que hechos positivos para destacar se recogen en nueve círculos propuestas de cambios en la forma como son protegidos los defensores en Colombia, “con la única intención de construir un país con más garantías para el ejercicio de defensa de los derechos humanos”.

*Con información de la Agencia EFE