Debido a las fallas en el servicio por la errónea imputación de delitos y la privación injusta de la libertad durante el periodo 2011 al 2018, la Fiscalía General de la Nación tendrá que pagar la millonaria multa de $1.021.921.723.001.
En el documento se puede apreciar que tan solo en el año 2011 el ente investigativo recibió 251 condenas por más de 25.000 millones, durante los años 2013 y 2014 subieron a más de mil, cantidad que suma más de 300 millones de pesos, por el contrario en 2018 las denuncias fueron 166, la menor cantidad durante el periodo.
Sin embargo, aunque la multa es para la Fiscalía, ¿quién realmente pagará este dinero? KienyKe.com habló con el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry que explicó que el Consejo de Estado puede condenar a entidades públicas por fallas en el servicio, por daños causados y determinar una suma por la reparación de estos. Agregó que puede condenar a la nación o a entidades públicas descentralizadas.
Charry explicó que si una entidad tiene personería jurídica, es esa persona quien pagaría las multas. Por ende pagaría las condenas del presupuesto de la entidad. "Uno de los problemas que tiene la entidad (Fiscalía) es que hay muchas condenas contra ella".
En este caso, la Fiscalía hace parte de la rama judicial, y por ende no es una persona jurídica. "Lo cierto es que esas condenas al final se pagan con impuestos nacionales sea la nación, una entidad descentralizada, o la rama ejecutiva, entre otras, en realidad quienes pagamos las condenas judiciales de las entidades públicas somos los contribuyentes", aseguró.
En promedio, anualmente la Nación gasta del presupuesto 1,1 billones al año en el pago de demandas, la cifra puede variar porque en la mayoría de ocasiones los fallos en su contra los supera. Hay que tener en cuenta que esta cifra solo es del Gobierno central, ya que cada región y municipio se encarga de sus responsabilidades jurídicas.
Sin embargo, aunque la multa es para la Fiscalía, ¿quién realmente pagará este dinero? KienyKe.com habló con el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry que explicó que el Consejo de Estado puede condenar a entidades públicas por fallas en el servicio, por daños causados y determinar una suma por la reparación de estos. Agregó que puede condenar a la nación o a entidades públicas descentralizadas.
Charry explicó que si una entidad tiene personería jurídica, es esa persona quien pagaría las multas. Por ende pagaría las condenas del presupuesto de la entidad. "Uno de los problemas que tiene la entidad (Fiscalía) es que hay muchas condenas contra ella".
En este caso, la Fiscalía hace parte de la rama judicial, y por ende no es una persona jurídica. "Lo cierto es que esas condenas al final se pagan con impuestos nacionales sea la nación, una entidad descentralizada, o la rama ejecutiva, entre otras, en realidad quienes pagamos las condenas judiciales de las entidades públicas somos los contribuyentes", aseguró.
En promedio, anualmente la Nación gasta del presupuesto 1,1 billones al año en el pago de demandas, la cifra puede variar porque en la mayoría de ocasiones los fallos en su contra los supera. Hay que tener en cuenta que esta cifra solo es del Gobierno central, ya que cada región y municipio se encarga de sus responsabilidades jurídicas. 
