El gobierno de Nicolás Maduro calificó el informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela que hizo Michelle Bachelet, alta comisionada para lo Derechos Humanos de la ONU, de tener una "visión selectiva y abiertamente parcializada".
Altamira, Caracas.[/caption]
No obstante, Venezuela considera que el informe tiene fallas metodológicas, pues "se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial". Además, cuestiona que el 82% de las entrevistas se realizaran fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
En el documento presentado por los representantes venezolanos se destacaron 70 ejemplos de los supuestos errores metodológicos en el informe de la Alta Comisionada: "[El informe tiene] imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la OACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles".
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Por ejemplo, critica que cuando hace referencia a los problemas del nivel de vida adecuado en Venezuela, omita el impacto generado por las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por EE.UU. contra el gobierno de Nicolás Maduro. Además, asegura que ninguna autoridad del país ha reconocido una "crisis humanitaria" en el país, como afirma el documento: "Resulta preocupante la ligereza con que la OACNUDH utiliza el término de «crisis humanitaria» en su informe, sobre todo considerando que no presenta datos o elementos que permitan sustentar objetivamente tal calificación sobre la situación del país".
También citan el Informe del experto Independiente presentado por esta misma oficina de la ONU que asegura que la "crisis" en la República Bolivariana de Venezuela es una crisis económica, incomparable con las crisis humanitarias en Gaza, Yemen, Libia, Siria, Irak, Haití, Malí, la República Centroafricana, Sudán del Sur, Somalia, o Myanmar, entre otros.
De igual manera, Venezuela trajo a colación una resolución del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU donde se insta a todos los Estados miembros de la organización a que dejen de aplicar medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional, al derecho internacional humanitario, a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas y principios que regulan las relaciones pacíficas entre Estados.
Finalmente, el gobierno de Venezuela solicitó de manera formal a la OACNUDH adoptar las medidas necesarias para "corregir los errores" del informe antes de su publicación final.
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[single-related post_id="1135037"] El informe fue elaborado mediante 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos en un periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019. El informe registra 5.287 muertes documentadas por supuesta "resistencia a la autoridad" y otras 1.569 en los primeros cinco meses del 2019, cifras presentadas por el gobierno venezolano. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó al gobierno de Maduro en el informe a parar "las graves vulneraciones de derechos humanos". El documento, por ejemplo, menciona una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno". [caption id="attachment_1135144" align="alignnone" width="800"] Altamira, Caracas.[/caption]
No obstante, Venezuela considera que el informe tiene fallas metodológicas, pues "se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial". Además, cuestiona que el 82% de las entrevistas se realizaran fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
En el documento presentado por los representantes venezolanos se destacaron 70 ejemplos de los supuestos errores metodológicos en el informe de la Alta Comisionada: "[El informe tiene] imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la OACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles".
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Por ejemplo, critica que cuando hace referencia a los problemas del nivel de vida adecuado en Venezuela, omita el impacto generado por las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por EE.UU. contra el gobierno de Nicolás Maduro. Además, asegura que ninguna autoridad del país ha reconocido una "crisis humanitaria" en el país, como afirma el documento: "Resulta preocupante la ligereza con que la OACNUDH utiliza el término de «crisis humanitaria» en su informe, sobre todo considerando que no presenta datos o elementos que permitan sustentar objetivamente tal calificación sobre la situación del país".
También citan el Informe del experto Independiente presentado por esta misma oficina de la ONU que asegura que la "crisis" en la República Bolivariana de Venezuela es una crisis económica, incomparable con las crisis humanitarias en Gaza, Yemen, Libia, Siria, Irak, Haití, Malí, la República Centroafricana, Sudán del Sur, Somalia, o Myanmar, entre otros.
De igual manera, Venezuela trajo a colación una resolución del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU donde se insta a todos los Estados miembros de la organización a que dejen de aplicar medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional, al derecho internacional humanitario, a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas y principios que regulan las relaciones pacíficas entre Estados.
Finalmente, el gobierno de Venezuela solicitó de manera formal a la OACNUDH adoptar las medidas necesarias para "corregir los errores" del informe antes de su publicación final.
