Contundente fueron las palabras del Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, al manifestar que se puso en riesgo la seguridad nacional, luego de que un contralor aéreo de la Aerocivil impidiera que un avión de inteligencia militar de la Fuerza Aérea interceptara una avioneta que, al parecer, iba cargada con cocaína y que pretendía cruzar espacio aéreo colombiano el pasado 31 de octubre de 2017.
Villegas indicó que un caso como estos no puede volverse a presentar y enfatizó que se deben tener en cuenta las jerarquías: "Tenemos que saber claramente la jerarquía cuando hay una operación de orden público contra el crimen organizado, si es la de un controlador que no tiene toda la información o si es la de la Fuerza Aérea que la tiene toda y que responde en caso de que ese riesgo se vuelva un incidente", puntualizó.
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A través de un comunicado oficial, la Aerocivil confirmó que una vez conocidos los hechos, en oficio del día 9 de noviembre de 2017, remitió un informe por presunta omisión y presunta extralimitación en las funciones de los servidores públicos, controladores aéreos, a la Dirección Nacional del CTI, con copia a la Procuraduría General de la Nación, para que iniciaran la investigación correspondiente.
Por su parte, el Procurador Regional del Tolima, Germán Alexander Almario Díaz, señaló que el pasado 5 de febrero, mediante oficio, solicitó a la Aeronáutica que, desde el Grupo de Investigaciones Disciplinarias de la Aeronáutica Civil, se realizara la investigación de rigor, proceso que en la actualidad se encuentra en curso.
La Aeronáutica Civil no se pronunció más frente a los hechos y manifestó que "respetando el debido proceso, no emitirá ningún tipo de pronunciamiento ya que la investigación está en reserva sumarial".Pese a que los hechos ocurrieron hace más de tres meses y de que la Aerocivil se pronunciara al respecto, el jefe de la cartera ministerial afirmó que aún existen interrogantes que deben ser resueltas y por ello tomó la decisión de revivir el caso.
