Al tiempo de eximir de responsabilidad al ejército, el Consejo de Estado encontró culpable a la Presidencia de la República por la realización de la zona de despeje del Caguán, en el específico caso de una familia del municipio de Mesetas (Meta) a la que le fueron hurtadas 337 cabezas de ganado.
El máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo consideró que la orden provino del máximo nivel ejecutivo, es decir la Presidencia. En cambio no encontró responsabilidad en el ejército o la policía, pues la zona de despeje no fue una política creada por dichas instituciones.
El Consejo de Estado ordenó el pago de las casi 340 reses a la familia afectada y obligó dicha indemnización al Departamento Administrativo de la Presidencia.
Cabe recordar que la zona de despeje en el Caguán fue implementada durante los diálogos de paz entre el gobierno y las Farc adelantadas por la presidencia de Andrés Pastrana.
