El Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez insiste en los aspectos negativos del fallo de Corte Constitucional que le permitió a una pareja del mismo sexo adoptar a un menor de edad.
Ahora, y luego de que calificara el fallo del alto tribunal como un "experimento social", el jefe del ministerio público presentó ante la Corte Constitucional una solicitud especial para que adopte las medidas jurídicas para "garantizar el debido proceso y amparar los derechos fundamentales y el interés superior de la niña" que fue adoptada por Ana y Verónica (Lea toda la historia de esta pareja)
De acuerdo con Ordóñez hechos "revelados por varios medios de comunicación" podrían demostrar que la Corte Constitucional "habría sido asaltada en su buena fe" en el momento de tomar la decisión.
Dice el comunicado de la Procuraduría que "según diferentes noticias periodísticas, la niña en realidad sí tendría un padre biológico, que conoce y reconoce como tal, con quién además tiene una relación como también la tiene su madre. La importancia de estos hechos radica en que, de ser cierto, tanto la autoridad administrativa accionada, como los jueces de tutela de instancia, el Ministerio Público y la misma Corte Constitucional se habrían defendido, pronunciado y decidido, respectivamente según sus competencias, en un caso basado en hechos tergiversados y sustancialmente distintos a los verdaderos".
Así mismo, el ministerio público trabaja en varios frentes para reversar el fallo de la Corte. La Procuraduría General de la Nación presentó ante la Corte Constitucional argumentos adicionales en defensa de la exequibilidad de los artículos de la Ley 1098 de 2006 que regulan lo relativo a la adopción por consentimiento, toda vez que advirtió que en la Sentencia SU-617 de 2014 la Corte Constitucional interpretó esas normas de una forma distinta a la que deviene de su tenor literal, y que no es compatible con la jurisprudencia constitucional, lo que indebidamente podría llevarle a variar los criterios de juicio en el proceso de inconstitucionalidad en curso.
"En este sentido, el jefe del Ministerio Público sostuvo que la Corte en ese pronunciamiento erradamente afirmó que por el solo hecho de que, según su criterio, las parejas conformadas por personas del mismo sexo sí son familia, entonces debería entenderse que éstas tienen la posibilidad de adoptar por consentimiento, sin tener en cuenta que para ello la ley exige la existencia de un vínculo jurídico entre los adoptantes como son el matrimonio o la unión marital de hecho, y desconociendo que en el ordenamiento jurídico vigente tanto el matrimonio como la unión marital de hecho están reservados para las parejas heterosexuales", dice el comunicado.
