El exlíder de las Farc, Jesús Santrich, envió una carta al Fiscal General de la Nación, Nèstor Humberto Martíez, desafiándolo a hacer público el material probatorio que confirmaría la participación de Santrich en ilícitos relacionados con el tráfico de cocaína.
"Vuelvo a retarte a hacer públicos los videos con audio donde yo supuestamente hablo de transacciones de cocaína. No le sigas mintiendo al país", dice la carta enviada desde la cárcel La Picota de Bogotá donde permanece recluido el exguerrillero.
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En el documento, Santrich asegura que tuvo acceso al pliego de acusaciones en su contra en donde se ordena su extradición hacia Estados Unidos. Sin embargo, indica que no hay pruebas en su contra.
Fuentes cercanas a la Fiscalía dijeron a KienyKe.com que Nèstor Humberto Martínez no se pronunciará ante el hecho principalmente porque dicho documento nunca llegó a su despacho. Además, reconocieron que el reclamo de Santrich en la carta no tendría fundamento, puesto que el fiscal estaría en pleno cumplimiento de sus funciones atendiendo a una solicitud en contra del exguerrillero dirigida desde Estados Unidos.
https://twitter.com/SantrichLibre/status/1011222638851739649
Este martes, la Corte Constitucional tiene programada sala extraordinaria para estudiar tres procesos de conflicto de jurisdicciones relacionados con la solicitud extradición contra Santrich por el delito de narcotráfico. Mañana podría definirse finalmente la suerte del exguerrillero.
Este caso suscitó un fuerte enfrentamiento entre la Fiscalía General de la Nación y la Jusrisdicción Especial para la Paz, luego de que Néstor Humberto Martínez aseguró que la JEP no tenía competencia para pronunciarse sobre la legalidad de la captura y se estaba extralimitando; a lo que el Tribunal Especial respondió retrasando el proceso hasta que no pasaran todas las pruebas para demostrar que los hechos fueron con posterioridad a la firma del acuerdo de paz.
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Jesús Santrich fue detenido el pasado 9 de abril en Bogotá bajo circular roja de la Interpol emitida por Estados Unidos por supuestamente participar en la producción y distribución de aproximadamente 10.000 kilos de cocaína entre junio de 2017 y abril de 2018. El delito se habría cometido después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, en 2016, por lo que, el acusado debe someterse a la justicia ordinaria y no a la justicia transicional.
