Panamá le envió una comunicación al Gobierno de Colombia donde le informaba que le daba un plazo máximo de 7 días para que se retire a Panamá de la lista de paraísos fiscales. Con esto, el país canalero presiona a Colombia para que lo retire de dicha lista lo antes posible.
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De no ser efectiva la medida, Panamá incluirá a Colombia en una lista de países discriminatorios. Esto derivaría en que el Gobierno de Juan Carlos Varela tomará las medidas necesarias para defender los intereses panameños. Aún no son claras que medidas serían. Esto despierta el miedo de las empresas colombianas, pues se especula hasta expropiaciones por parte de Panamá como parte de las retaliaciones.
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Panamá, a través de su Vicepresidente, Isabel De Saint Malo de Alvarado, afirmó que es necesario encontrar soluciones que se ajusten a la realidad de los dos países. Alvarado afirmó que es clave que Colombia le quite el rótulo de paraíso fiscal a Panamá para poder negociar un tratado sobre información financiera.
El Gobierno de Colombia anunció que podría aplazar la entrada en vigencia del decreto y Panamá sería declarado oficialmente paraíso fiscal en enero de 2015. Situación que los panameños no están dispuestos a aceptar. Con este plazo Colombia busca negociar el tratado de información financiera para sacar a Panamá de esta lista.
En Panamá la indignación ha llegado a tal nivel que se habla de cobrar el paso por el Canal. La situación es especialmente complicada para las más de 100 empresas colombianas que operan de manera legal en el país canalero. Grupos como Bancolombia y Argos han criticado la medida de Colombia y esperan una pronta solución. Algunas de las empresas temen por sus inversiones y las retaliaciones que haga Panamá.
