Liliana Bitar Castilla

Cordobesa. Senadora del Partido Conservador. Vicepresidenta de Comisión Tercera Senado. Economista, especialista en Gerencia. Más de 24 años trabajando en el sector público. Sus principales preocupaciones son el impulso del emprendimiento, así como el empoderamiento económico de la mujer.

Liliana Bitar Castilla

El reversazo de la CREG y las tarifas de energía en la costa

Con asombro y algo de desconcierto recibimos los colombianos hace una semana el anuncio de la CREG y el Ministerio de Minas sobre la resolución de sanciones e incentivos para estimular el ahorro de energía eléctrica en el país, dado que el nivel de los embalses para ese entonces seguía tan solo 2 puntos porcentuales por encima del nivel crítico del 27%. El programa, buscaba, por un lado, pagarles a los ahorradores y, por el otro, multar el incremento en el consumo.

 

Sin embargo, la medida llegaba muy tarde, cuando el fenómeno del niño se estaba acabando y, además, afectaba indiscutiblemente a sectores como el turístico, hotelero y comercial que tendrían, como es lógico, un pico de consumo de energía al llegar la temporada alta de mitad de año. Como si fuera poco, una vez más, los habitantes del caribe, terminábamos siendo los peor librados debido al régimen tarifario especial que aún aplica en los siete departamentos de la costa.

 

Una vez se conocieron las reglas de lo que sería el esquema de multas e incentivos, pedimos a la CREG que replanteara las medidas para no afectar aún más la frágil recuperación de diferentes sectores económicos del país.  La resolución establecía un cobro adicional por cada kilovatio de más que se gastara, tras hacer un promedio de las últimas tres facturas. Para estratos 1, 2 y 3, el kilovatio/hora extra tendría un sobrecosto del 30%; para estratos 4, 5 y 6 el sobrecosto sería del 50%; y para comercio e industria, sería del100%.

 

Ahora bien, nuestra preocupación inicial fue la alta carga económica que tendrían que asumir la industria, el comercio, y los sectores de hotelería y turismo al avecinarse la temporada alta; ya que, por supuesto, incrementaría el consumo de energía. La segunda preocupación, y no menos importante, era el nuevo golpe a los ciudadanos de la costa caribe que llevan años luchando contra el deficiente servicio de energía y asumiendo las tarifas más altas del país. Resultaba inverosímil que se contemplara subirle a la factura de energía a una región que no aguanta un aumento más.

 

Por lo anterior, celebramos que esta semana la CREG y el Ministerio de Minas hayan decidido echarse para atrás y no aplicar este esquema; según explicaron, porque el nivel de los embalses está ya en niveles menos críticos y porque, precisamente, atendieron el llamado del caribe colombiano. Una gran noticia que debe ser destacada, ya que de haberse ejecutado hubiera representado un gran obstáculo para la reactivación económica industrial y un portazo para los habitantes de la costa.

No obstante, lo anterior no debe interpretarse como una señal para bajar la guardia. Si bien los embalses mejoraron su nivel nacional, este apenas llega al 32,91% a cierre de abril, por lo que todavía estamos muy lejos de alcanzar un estado de tranquilidad.

 

Reflexiones sobre la CREG

 

La salida en falso de la CREG nos deja algunas reflexiones de fondo. La primera es que, tal como lo hemos venido advirtiendo, la interinidad en la que funciona esta autoridad genera serios riesgos regulatorios para el mercado y los usuarios, entre ellos, la improvisación que estamos viendo. Además, la falta de continuidad y actualización en la gestión de la política regulatoria a través de los años impide que haya soluciones eficientes y duraderas.

 

La segunda reflexión es que, como consecuencia de esta realidad, los colombianos de a pie han podido ver y leer los cambios en la factura de la luz que pagan mes a mes. El caso más indignante se encuentra en las tarifas del servicio en la costa caribe, donde hemos sido testigos de cómo la autoridad regulatoria no toma acciones eficaces para atender las necesidades urgentes de los usuarios y reducir las altas tarifas. Tampoco se adoptan medidas para anticipar o prevenir situaciones en el futuro próximo. Por esto, aunque hoy estamos en un escenario crítico, termina siendo más preocupante no saber dónde estaremos para el próximo fenómeno de “El Niño”.

 

Soluciones de fondo para las tarifas de energía en el caribe

 

En lo particular he propuesto recientemente algunas alternativas para reducir el costo.

 

  • Lo primero es afectar el componente que más impacta el precio de la energía, la Generación (G), que se mantiene entre el 40% y el 50% del valor total de la factura. Para ello, hemos identificado que la energía que se tranza en Bolsa es la más cara y los precios se definen por la oferta de energía térmica, la cual por obvias razones tiene costos más elevados de generación que la hidráulica. En este sentido, nuestra propuesta consiste en segmentar el mercado de energía hidráulica y renovable, separándola de la térmica, lo que podría reducir considerablemente los costos en el mercado mayorista. Con esta medida se espera que el mercado reaccione significativamente a la baja en el precio del kilovatio/hora.

 

  • La segunda propuesta implica un esfuerzo fiscal del ejecutivo, lo que tendría efectos inmediatos en la reducción de la tarifa. Tras un estudio del marco legal encontramos que hace 20 años no se actualiza el consumo de subsistencia, el cual está calculado de acuerdo a la altura media sobre el nivel del mar de los municipios. Esto quiere decir que, pese al fenómeno de calentamiento global, que ha venido incrementando paulatinamente la temperatura de las regiones de nuestro país, seguimos operando bajo supuestos climáticos del año 2004, época en la que se estimó que todo municipio entre los 0 y los 1000 metros sobre el nivel del mar debía tener el mismo consumo de subsistencia.

 

Lo que hoy planteamos es que la UPME actualice la resolución 355 de 2004, adicionando un punto intermedio en los pisos térmicos actuales, reconociendo un tope mayor del consumo de subsistencia para los municipios ubicados en alturas de hasta 500 metros sobre el nivel del mar. Esta propuesta se puede concretar sin la necesidad de tramitar el proyecto de ley que hoy cursa y que, por supuesto apoyamos en el Congreso, pero que se podría hacer por una vía más rápida.

 

Para concluir, hoy que por fin la interinidad en la CREG ha terminado y que decidieron no seguir adelante con el esquema de incentivos y sanciones atendiendo, en parte, el clamor de los habitantes de la costa, les pedimos a los expertos del ente regulador que se pongan manos a la obra. El caribe colombiano lleva años esperando soluciones de fondo y el tiempo que hemos esperado ha sido suficientemente largo. Clamamos por medidas de corto y mediano plazo porque lo que los costeños anhelamos es pagar tarifas de la luz justas.

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Liliana Bitar Castilla
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