Aunque la universidad es un espacio para el aprendizaje, la investigación académica, el crecimiento profesional y personal, un reciente estudio de la plataforma Distintas Latitudes y la Red LATAM de Jóvenes Periodistas realizado en 100 universidades de 16 países de Latinoamérica, reflejó que las instituciones tienen insuficientes herramientas para hacer frente a la violencia sexual.
La investigación, titulada ‘Pasó en la U’, concluyó que de esas 100 universidades solo el 40% cuenta con protocolos para atender, prevenir o sancionar el acoso y la violencia sexual, “aunque no en todos los casos son públicos ni de fácil consulta”, señaló el informe.
De acuerdo con el documento, otro “36% de las universidades no tiene una política específica para atender este tema y un 24% restante no contestó nuestras preguntas, presumiblemente porque tampoco cuentan con ellos, ni hay indicios de su existencia”.
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La muestra se realizó mediante una metodología que seleccionó en una proporción de 50/50 a instituciones de acuerdo con el número de estudiantes y con un medidor que evalúa la calidad de la enseñanza, es decir, por su prestigio. Fueron analizadas 51 universidades privadas, 48 públicas y una de subvención estatal que aglomeran a más de cuatro millones quinientos mil estudiantes de diferentes programas y niveles académicos.
Los investigadores alertan que estas personas, que rondan entre los 18 y los 29 años, están expuestas a diversos tipos de violencia de manera constante, pues “no es un secreto que América Latina es una de las regiones más violentas del mundo”, según el informe.
Gracias a la metodología utilizada para este reportaje, hay academias públicas tan grandes como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); privadas de élite, como la Torcuato Di Tella, en Argentina; o corporaciones universitarias privadas y confesionales con alta población estudiantil como UniMinuto, en Colombia. “Sin embargo, no importa si son públicas o privadas: la falta de políticas públicas para atender el acoso y la violencia sexual es una constante”, destaca el trabajo.
Y pese a que ha habido avances en instituciones de educación superior que han empezado a “reflexionar y tomar acciones concretas para frenar, prevenir o sancionar el acoso y la violencia sexual”, aún hay un largo camino por recorrer.
Lizbeth Hernández, editora general de Distintas Latitudes, destaca que “esto (ocurre) en un contexto en el que el sabemos que muchos movimientos feministas y de mujeres han impulsado bastante el rechazo a la violencia y en particular al acoso, a los feminicidios”.
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Hernández le precisó a la Agencia Anadolu que un protocolo no se reduce a una guía, una normativa o algo similar, sino a un “documento que exige acciones para prevenir o hacer frente a casos de este tipo de situaciones”.
Pero añadió que aunque hay acciones y situaciones diversas al respecto, es importante, más allá de ello, considerar que hay una “responsabilidad institucional a la que hay que apelar”.
“Las universidades no se pueden abstraer de los contextos de violencia que se viven en distintos países de la región, porque prácticamente en todos los países que revisamos hay un grado y un nivel de violencia de género fuerte, expresado a través de casos de feminicidio, violencia doméstica y, por supuesto, acoso en las universidades. Va del ámbito privado al público e, infortunadamente, es algo que está ahí”, dijo.
