La investigación que realizará el Congreso de Perú sobre los supuestos vínculos con Odebrecht de una empresa en la que el presidente, Martín Vizcarra, fue accionista responde a una revancha política, afirmó la vicepresidenta de ese país, Mercedes Aráoz.
"Está clarísimo que quieren investigar al presidente o asustarlo o amedrentarlo porque él ha sido claro que no tiene nada que ocultar, es una revancha frente a la situación política", dijo Aráoz a la prensa desde la sede del parlamento.
El miércoles, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó abrir una investigación sobre la empresa CyM Vizcarra, de la que el presidente fue socio junto con su hermano.
Esta empresa prestó servicios de alquiler de maquinaria al consorcio Conirsa para la construcción de la carretera Interoceánica Sur entre los años 2006 y 2008.
Conirsa fue un consorcio conformado por cuatro empresas, en donde la brasileña Odebrecht era la principal con una participación del 70 por ciento de las acciones.
A pesar de que los sectores favorables a Vizcarra han señalado que el actual mandatario no ejercía cargo público alguno cuando CyM Vizcarra prestó los servicios a Conirsa, la Comisión de Fiscalización ha decidido investigarlo.
La mencionada comisión está dominada por miembros de las bancadas de los partidos Fuerza Popular (fujimorismo, derecha) y el Partido Aprista Peruano (centroizquierda), ambos enemigos políticos del mandatario.
La vicepresidenta ha calificado la investigación congresal como "absurda" además de "costosa", considerando que hay cientos de empresas que contrataron con Conirsa por lo que habría que investigar a todas en una época en la que los delitos de Odebrecht no eran conocidos.
Asimismo, Aráoz no descartó que esta investigación sea un "pretexto" para buscar la destitución del presidente, de la misma manera como lo hizo Fuerza Popular y el Partido Aprista Peruano con el exjefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
La carretera Interoceánica Sur fue una obra ejecutada durante el mandato de Alejandro Toledo (2001-2006), a quien la Fiscalía acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de Odebrecht a cambio de otorgar la concesión.
