La discusión sobre una eventual Asamblea Nacional Constituyente volvió al centro del debate político en Colombia luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunciara públicamente que firmó la convocatoria ciudadana que impulsa esta iniciativa.
A través de su cuenta en la red social X, el funcionario informó que respaldó con su firma la propuesta “como cualquier ciudadano”. “He firmado la convocatoria de una Asamblea Constituyente”, escribió Benedetti, mensaje que acompañó con una imagen de una planilla de recolección de apoyos en la que aparece su rúbrica junto a la de otros ciudadanos.
Comité promotor recibió aval oficial
La iniciativa tomó fuerza tras la decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que autorizó oficialmente la inscripción del comité promotor mediante la Resolución 1117 del 30 de enero de 2026.
En ese documento, la autoridad electoral certificó que el comité cumple con los requisitos legales exigidos para avanzar en el proceso. Además, recordó que la Constitución Política establece el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, fundamento jurídico que respalda este tipo de mecanismos de participación.
Con el aval en firme, los promotores quedaron habilitados para iniciar la recolección de apoyos en todo el país.
Seis meses para reunir más de dos millones de firmas
De acuerdo con las reglas fijadas por la Registraduría, el comité tendrá un plazo de seis meses para recolectar las firmas necesarias. El umbral mínimo exigido corresponde al 5 % del censo electoral vigente, lo que equivale a poco más de dos millones de apoyos válidos.
Aunque ese es el requisito legal para que la iniciativa continúe su trámite, desde el Gobierno se ha expresado la intención de alcanzar una cifra mucho mayor. Voceros oficiales han señalado que la meta política sería reunir cerca de 10 millones de firmas, con el propósito de evidenciar un respaldo amplio y contundente a la propuesta.
Reacciones y controversia jurídica
El anuncio del ministro y el avance del comité promotor han generado reacciones inmediatas en distintos sectores políticos. Mientras desde el oficialismo se presenta la eventual convocatoria a una Constituyente como un mecanismo de participación ciudadana para debatir reformas estructurales del Estado, desde la oposición se han manifestado reparos sobre su alcance y consecuencias institucionales.
La controversia también llegó al escenario judicial. A comienzos de febrero fue radicada ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la resolución que avaló al comité promotor.
- Le puede interesar: Daniel Briceño: “el enemigo es Iván Cepeda, no María Fernanda Cabal”
La acción fue presentada por Josías Fiesco, dirigente y candidato a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, quien solicitó que se anule la decisión de la Registraduría. Según el demandante, el aval otorgado podría ir en contra de disposiciones constitucionales y legales.
Un debate que divide al país
Desde que se conoció la resolución que permitió la conformación del comité promotor, varios sectores de oposición han anunciado acciones jurídicas adicionales con el objetivo de frenar el proceso, argumentando posibles riesgos para la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes.
El debate se centra ahora en dos frentes: el alcance político de la recolección de firmas y los pasos que seguiría el proceso en caso de alcanzar el número requerido de apoyos ciudadanos. De cumplirse el umbral, el país entraría en una nueva etapa de discusión sobre la viabilidad y las reglas para convocar una Asamblea Constituyente.
Mientras avanza la recolección en las calles y plazas del territorio nacional, la iniciativa anticipa un nuevo capítulo de confrontación política y jurídica, en un escenario marcado por posiciones encontradas sobre el futuro institucional del país.
