La Corte Constitucional aceptó el estudio de la petición de nulidad que presentó el Gobierno, con el fin de tumbar el fallo que puso condicionamientos al Fast Track, es decir el que permitió que el Congreso modifique las leyes que se tramiten mediante este mecanismo.
En ese sentido, el magistrado Antonio José Lizarazo deberá rendir una ponencia sobre este asunto.
Cabe resaltar que en mayo pasado la Corte tumbó los literales H y J del acto que dio luz verde al Fast Track, al considerar que se debía respetar la Constitución y proteger la separación de poderes.
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Corte analizará demanda de nulidad contra el fallo que limitó el Fast Track
Por ello la Agencia Jurídica del Estado le remitió un documento al magistrado de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, en el que se solicitó que se anule el fallo que limita las funciones del Fast Track.
Según lo expresó la entidad semanas atrás, hubo cinco violaciones por parte del alto tribunal al emitir la decisión.
De acuerdo con información preliminar al respecto, el Gobierno justifica que fue una medida sin las mayorías, que se violó el debido proceso y que existió ausencia de deliberación suficiente. Específicamente se refiere al papel del magistrado Carlos Bernal, cuyo voto fue definitivo en la discusión.
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Por eso, la entidad enfatizó en que el magistrado se posesionó solo dos días antes del fallo, por lo que no contó con el tiempo ideal para analizar el Fast Track. Además, debido a comentarios previos sobre el tema, consideró que Bernal debió declararse impedido.
Desde varios sectores afines al proceso de paz con las Farc lo calificaron como un “duro golpe”, que pondría más trabas a la implementación de lo acordado en Cuba. Mientras que quienes han hecho reparos lo aplauden como defensa de la democracia y las instituciones.
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Además de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, las solicitudes de nulidad fueron presentadas en junio por Gustavo Gallón, Jesús Santrich por parte de las Farc y el abogado Jesús Fuentes González.
Ahora el presidente Juan Manuel Santos, el presidente del Congreso y los miembros del Centro Democrático podrán emitir un concepto ante el alto tribunal si así lo quieren. Eso teniendo en cuenta que la colectividad del expresidente Álvaro Uribe fue la que presentó la demanda.
