El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República una nueva propuesta de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 por $634,9 billones, una cifra considerablemente superior a los $575,6 billones planteados por la administración anterior.
El proyecto fue presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, luego de que las comisiones económicas del Congreso devolvieran la propuesta que había dejado radicada el gobierno de Gustavo Petro.
“Las condiciones en las cuales se hizo la proyección inicial no tenían en cuenta la emergencia y se hicieron ajustes importantes al respecto”, explicó Gómez.
Según el jefe de la cartera de Hacienda, el reajuste busca reflejar obligaciones fiscales que no habrían quedado plenamente incorporadas en la propuesta anterior, además de las nuevas necesidades de recursos generadas por la emergencia tras el terremoto.
¿Cómo se distribuirá el Presupuesto de 2027?
De acuerdo con las cifras presentadas por el Ministerio de Hacienda, aproximadamente el 62 % del presupuesto estará destinado a gastos de funcionamiento, mientras que cerca del 24 % irá al servicio de la deuda pública. “Este presupuesto tiene el servicio de la deuda más alto de la historia de Colombia”, afirmó Gómez.
El 14 % restante correspondería a inversión, con recursos cercanos a los $86 billones. Uno de los puntos que más preocupa al Gobierno es precisamente el peso de la deuda. Gómez señaló que el servicio de la deuda crecería alrededor de un 50 % frente a 2026 y aseguró que alcanzaría su nivel más alto registrado en el país.
El ministro de Hacienda aseguró que, al revisar las cuentas recibidas, encontraron partidas que requerían recursos adicionales. Entre ellas mencionó aproximadamente $8 billones para pensiones, $5,8 billones para subsidios, $4 billones para salud, $3,6 billones para aportes parafiscales de nómina y $9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
A estos compromisos se suman recursos para educación pública, las elecciones regionales de 2027 y otras obligaciones del Estado. Según el Gobierno, las necesidades adicionales identificadas representarían un faltante cercano a los $36 billones.
- También puede leer: Conozca los alivios que ofrece la Superfinanciera para los damnificados
Emergencia por el terremoto también presiona las cuentas
Otro de los argumentos del Ejecutivo para modificar el proyecto es la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Gómez explicó que la propuesta presupuestal original fue elaborada antes de que ocurriera la emergencia, por lo que fue necesario revisar las proyecciones para incorporar los gastos derivados de la atención y reconstrucción de las zonas afectadas.
El incremento del presupuesto, por tanto, no significa que todos los recursos adicionales se destinen a nuevos programas: una parte importante estaría dirigida a cubrir obligaciones existentes, el servicio de la deuda y los costos asociados a la emergencia.
Paralelamente al aumento del monto global del presupuesto, el Ministerio de Hacienda planteó un recorte y bloqueo de gasto por más de $21,9 billones, propuesta que deberá ser analizada por el Gobierno.
Además, Gómez anunció la presentación de una denominada “ley rescate”, con la que el Ejecutivo buscará reducir gastos del Estado y conseguir nuevas fuentes de financiación. Según el ministro, la iniciativa no será una reforma tributaria.
- También puede leer: Esto es lo que se sabe sobre el intendente de la Sijín asesinado en Bogotá
¿Qué sigue con el Presupuesto General de la Nación?
La radicación no significa que los $634,9 billones ya estén aprobados. El proyecto deberá pasar ahora por las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes, que discutirán el monto, las fuentes de financiación y la distribución de los recursos.
Las comisiones terceras y cuartas deberán pronunciarse sobre el monto definitivo del presupuesto antes del 15 de septiembre, mientras que la aprobación en comisiones deberá producirse antes del 25 de septiembre, para posteriormente continuar su discusión en las plenarias del Congreso.
El debate estará marcado por el tamaño del presupuesto, el elevado peso del servicio de la deuda y la capacidad del Gobierno para financiar los gastos previstos sin profundizar los desequilibrios de las finanzas públicas.
