La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, es una de las líderes de organizaciones afectadas por los recientes retiros de personerías jurídicas a varias ONG, ordenados por sectores oficialistas en la Asamblea Nacional en Nicaragua. Desde su posición afirma que el presidente Daniel Ortega los quiere silenciar porque piensa que mantienen viva la resistencia contra su Gobierno.
En entrevista con la Agencia Anadolu, Núñez asegura que las justificaciones para retirar la personería jurídica a su organización por supuestamente financiar grupos para alterar el orden público son falsas e informó que las oficinas del Cenidh fueron “tomadas” por agentes del Gobierno.
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La defensora asegura que se siente amenazada y responsabiliza a Ortega y a la vicepresidenta, Rosario Murillo, de cualquier situación que le pueda pasar. Afirma, a sus 80 años, que se quedará en Nicaragua y que su compromiso con los derechos humanos no se lo quita una personería jurídica.
¿En que situación se encuentra usted y el Cenidh en Nicaragua?
Nos están criminalizando, imputándonos delitos. Estoy dispuesta a no moverme del país. Me quedo aquí y que me capturen si quieren. No he hecho ninguna cosa al margen de la defensa de los derechos humanos.
¿Qué significa y qué consecuencias tiene para el Cenidh la cancelación de su personería jurídica?
Que se quite la personería jurídica no es el problema. El problema es el asalto a mano armada y el robo a nuestras instalaciones, y la toma y destrucción de todo en nuestras oficinas sin que estuviera en vigencia el decreto de suspensión de la personería jurídica.
Aquí no hay ley, estamos en tierra de nadie. Aquí puede pasar cualquier cosa. Estamos prácticamente sin oficinas. Interpusimos recursos que no nos quieren recibir. Nos andan siguiendo en las calles y estoy denunciando a los medios de comunicación esa situación. Esta gente está decidida al exterminio.
Human Rights Watch asegura que usted, como símbolo de la defensa de derechos humanos, es el próximo objetivo de Daniel Ortega. ¿Ha recibido amenazas?
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He recibido amenazas. Después de que se tomaron y ocuparon en un día las instalaciones, un amigo que tengo dentro del Gobierno me llamó desesperado y me dijo: "Vilma, por favor, salte de las oficinas que no vamos a poder hacer nada, vete ya". En ese momento sí sentí temor y salí.
No podemos ni siquiera llegar frente a las oficinas porque hay una amenaza y sabemos que algo iba a pasar adentro y mi amigo me lo avisó.
Como nunca antes me siento amenazada de muerte y responsabilizo a Daniel Ortega, pero sobre todo a Rosario Murillo de cualquier cosa que me pase, porque parece que es ella la que impulsa toda la estrategia.
Rosario Murillo es la que se mantiene en los medios de comunicación insultándonos. Y tenemos temor de que, ahora que en EEUU aprobaron la ley de sanciones Nica Act, Daniel Ortega y Rosario Murillo lo utilicen como pretexto para encarcelar personas y endurecer más la represión. Anoche capturaron a más personas.
Bajo ese escenario, ¿persistirá en la defensa de derechos humanos y el trabajo en Cenidh?
Ya nos congelaron las cuentas. Lo único que tenemos es nuestro compromiso y ya ni siquiera puedo hablar en nombre de todo el equipo del Cenidh porque decidimos que todo el mundo queda libre de tomar sus propias decisiones, según lo que consideren, sus riesgos, sus amenazas y sus temores.
Yo respondo por mí y trataré de defender al Cenidh hasta el final y mi compromiso con los derechos humanos no me lo da ni una oficina ni una personería jurídica.
¿Por qué el Gobierno de Ortega decidió atacar directamente a las organizaciones defensoras de derechos humanos?
Ellos hicieron una gran represión que produjo todos esos resultados de muertes, el encarcelamiento de políticos, desapariciones, heridos y más de 50.000 desplazados hacia Costa Rica.
Es decir, hay un saldo negativo y una caída de la economía muy grande, pero la resistencia se mantiene, cada quien hace desde su casa muestras de protesta.
Entonces Ortega cree que las organizaciones que luchamos son las que mantenemos viva esa resistencia. Y ahora ha decidido callarnos a nosotros y a los principales medios de comunicación cómo 100% Noticias y los periódicos de Carlos Fernando Chamorro, al cual le allanaron, destruyeron y robaron sus instalaciones.
¿Hubo alguna denuncia particular que motivara los ataques contra el Cenidh?
Hicimos lo que se pudo. No sabemos qué va a pasar. Nos odian personalmente. Somos la voz más fuerte que se ha levantado contra ellos y nos quieren silenciar. Pero además hay un odio personal porque yo fui quien sacó a la luz pública todas sus violaciones sexuales contra niñas y la que saqué la denuncia ante la Comisión Interamericana de la violación de Daniel Ortega a su hija adoptiva Zoilamérica. Hay un odio personal y una decisión de callarnos.
¿Qué responde a las acusaciones del oficialismo contra el Cenidh por la supuesta facilitación de fondos para alterar el orden público y desestabilizar el país?
Es absolutamente falso. El movimiento de nuestros fondos jamás proporcionó ni siquiera un apoyo humanitario a nadie porque no es esa nuestra función.
Además, nuestros fondos estaban limitados porque prácticamente habíamos tenido que recortar programas. No estábamos en una posición para estar dando dinero a nadie. Es falso y es una calumnia perversa.
Usted afirmó que la Asamblea Nacional respondió a una orden de Daniel Ortega con su decisión sobre el Cenidh. ¿Es el Legislativo administrado por el Ejecutivo?
Totalmente y uno de los principales directores y criminales de la agresión y represión se llama Gustavo Porras. Es el presidente de la Asamblea Nacional que hace lo que le dice Daniel Ortega.
¿La expulsión de la misión de la CIDH en Nicaragua se relaciona con el informe anunciado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)?
Sí, definitivamente. Siempre las acciones de Daniel Ortega van en ese sentido. Sacó a las Naciones Unidas al día siguiente que presentaron un informe sobre el país. Hoy no se quería arriesgar a las informaciones que va a presentar el GIEI, integrado por personas nombradas por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos.
Nosotros esperamos a ver qué va a hacer la OEA, su Consejo Permanente y su secretario general, Luis Almagro. La medida fue una cobardía. Ortega sabía que no tenía los argumentos para refutar el informe.
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¿Qué impacto tienen los ataques del Gobierno a las organizaciones en los ciudadanos que representan?
Tenemos la sensación de que los ciudadanos se están quedando solos y que no podrán contar con el acompañamiento de las organizaciones nacionales e internacionales.
Aún está trabajando la Comisión Permanente a la que por suerte aún no han tocado. A ellos los han dejado trabajar. A nosotros no nos dejaban entrar a cárceles ni a los juzgados ni a ningún lado. Espero que sigan funcionando para que la gente tenga a dónde ir.
¿Esperan algún tipo de pronunciamiento internacional por los ataques a las organizaciones?
Ha habido muchos pronunciamientos de condena. No veo qué acciones concretas se pueden tomar. Esperamos que Luis Almagro, ante el atropello al GIEI, pueda impulsar los mecanismos en la OEA.
Definitivamente consideramos que todas las actuaciones son ilegales y mantendremos el empeño de defender al Cenidh como un instrumento de lucha de los nicaragüenses.
