El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lamentó en conversación con Édgar Artunduaga de KienyKe.com el hundimiento del acto legislativo que pretendía igualar los periodos de gobierno de las autoridades locales y regionales (alcaldes y gobernadores), con los del presidente de la República.
Para ello, habían sugerido la posibilidad de que en elecciones regionales del próximo año, se permitiera una reelección inmediata a los actuales alcaldes y gobernadores, para que completaran seis años en el poder. Si no buscaban reelección, los candidatos a esos gobiernos habrían aspirado solo para mandatos de dos años.
Sin embargo la iniciativa de archivó durante la sesión de Comisión Primera de Senado el pasado 26 de noviembre. Cristo Bustos dijo que el gobierno estaba pensando en el bienestar de los municipios, pero que en este tipo de decisiones, “el ejecutivo propone, y el Congreso dispone”.
Además habló sobre los adelantos que se han hecho para acoger en la vida política a los eventuales desmovilizados de las Farc, si se consigue la firma de la paz en Cuba. Habló de garantías y la creación de circunscripciones especiales en las zonas colombianas más golpeadas por la guerra.
-Naufragó la reelección de alcaldes y gobernadores…
-El gobierno la consideraba conveniente para el país. Unificar los periodos de alcaldes y gobernadores, y permitir la reelección por una sola vez de quienes hoy ostentan esos cargos podía ayudar a mejorar la armonización de los planes de desarrollo nacionales con los locales y departamentales. Ayudaría a disminuir los efectos de la ley de garantías sobre las ejecuciones de esos planes municipales y departamentales.
-¿Qué piensa de la decisión tomada en la comisión primera, de hundir el proyecto?
-Hay que ser realista. Muchos congresistas tomaron sus decisiones de acuerdo con las realidades políticas regionales que surgen en cada uno de los departamentos y municipios de Colombia. Creo que es el deber del gobierno defender sus posiciones, sus proyectos en el Congreso, y tratar de persuadir a las mayorías sobre cuáles son las posiciones que le convienen al país. Pero finalmente el gobierno propone y el Congreso dispone.
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-¿Liberados los soldados, el General Alzate y otros secuestrados, vuelve la tranquilidad a los diálogos de La Habana?
-Sin duda. El proceso ha adquirido madurez, como lo dijo el presidente Santos. Tiene dificultades y tropiezos porque el gobierno decidió dialogar en medio del conflicto. Lo consideraba mejor para el país y la posibilidad de la paz. Esa decisión tiene el costo de las contradicciones: los ataques, la confrontación militar con las FARC en territorio colombiano. No se puede desconocer que la liberación de los secuestrados es una buena señal. Cuando termine bien este proceso, los delegados del gobierno viajarán nuevamente a La Habana para reanudar las conversaciones. Nos queda el punto cuarto, el de las víctimas, que para el gobierno es un tema fundamental dentro de las conversaciones de paz de La Habana.
-Dice alias Timochenko que se ha perdido la confianza…
-Son declaraciones naturales y lógicas dentro de la dinámica y la lógica de las negociaciones de La Habana, pero el Gobierno tiene toda la intención y toda la decisión de reanudar las conversaciones una vez se liberen los secuestrados y estamos seguros que las FARC están en la misma situación.
-¿Cuál es la realidad del orden público en el Chocó?
-El Presidente ha dado instrucciones muy precisas al Ministerio de Defensa para cumplir con los protocolos de seguridad que conduzcan a la liberación de los secuestrados. Esperamos que las FARC cumplan su palabra.
-¿Cómo será la participación de las FARC en política?
-Es una situación que no debería generar tanta sorpresa. La historia de los procesos de paz buscan garantizar el desarme, la desmovilización, la reincorporación a la sociedad civil de quienes se han alzado en armas para combatir al Estado, de quienes han generado violencia, para garantizar el silenciamiento de los fusiles, y en ese propósito obviamente una efectiva desmovilización.
Un efectivo proceso de paz debe conllevar obviamente la participación en política de aquellos que han empuñado equivocadamente las armas en contra de la legitimidad del Estado. Eso es apenas natural, apenas lógico.
En el camino, en la negociación y en el Congreso de la República tendrá que definirse el alcance de participación en política, las condiciones de esa participación en política, las garantías políticas y las garantías en seguridad para aquellos que decidan entregarse y participar en política.
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Hoy en día es impensable hacer un proceso de desarme, de desmovilización, de garantizar participación en política a los alzados en armas sin que ellos se comprometan a satisfacer los derechos de las víctimas en esas mismas zonas de conflicto. Aquí el gran desafío es no solamente firmar el documento en La Habana, sino construir la paz en los territorios de Colombia.
Ayer precisamente se presentó un primer informe preliminar. Empezamos a hacer un diagnóstico de 46 municipios en los seis departamentos más afectados por la violencia de las FARC en las últimas décadas, para mirar cómo podemos construir esa paz en los territorios, que pasa necesariamente por la reparación integral a las víctimas, por el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de esas zonas de conflicto, y por la garantía de su vida a los excombatientes que se desmovilicen, y a quienes decidan participar en política.
-¿Habrá asignación de curules?
-La idea es que se hagan elegir en igualdad de condiciones. Se establecen unas circunscripciones especiales para la Cámara de Representantes, de aquellas zonas que han sido más afectadas por la violencia y que como consecuencia de esa violencia han estado representadas políticamente por los altos niveles de abstención, por los muy bajos niveles de participación. Zonas muy importantes, zonas muy ricas del país, azotadas por la violencia que no han tenido una vocería en el Congreso.
Y esas zonas tendrán que elegir, si se llega a un acuerdo definitivo de paz, unos representantes a la Cámara. Pero serán los habitantes de esas regiones o subregiones de Colombia los que libremente y democráticamente decidan quiénes van a ser sus voceros.
Seguramente en algunas zonas se elegirán excombatientes; en otras zonas se elegirán líderes sociales y comunitarios que nada han tenido que ver con la subversión, en otras zonas víctimas propias de las FARC que tienen unos liderazgos sociales. Pero serán elecciones democráticas.
-¿Se sabe el número de circunscripciones especiales en la Cámara?
No, eso no está definido aún en los acuerdos.
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-¿Liberados los soldados, el General Alzate y otros secuestrados, vuelve la tranquilidad a los diálogos de La Habana?
-Sin duda. El proceso ha adquirido madurez, como lo dijo el presidente Santos. Tiene dificultades y tropiezos porque el gobierno decidió dialogar en medio del conflicto. Lo consideraba mejor para el país y la posibilidad de la paz. Esa decisión tiene el costo de las contradicciones: los ataques, la confrontación militar con las FARC en territorio colombiano. No se puede desconocer que la liberación de los secuestrados es una buena señal. Cuando termine bien este proceso, los delegados del gobierno viajarán nuevamente a La Habana para reanudar las conversaciones. Nos queda el punto cuarto, el de las víctimas, que para el gobierno es un tema fundamental dentro de las conversaciones de paz de La Habana.
-Dice alias Timochenko que se ha perdido la confianza…
-Son declaraciones naturales y lógicas dentro de la dinámica y la lógica de las negociaciones de La Habana, pero el Gobierno tiene toda la intención y toda la decisión de reanudar las conversaciones una vez se liberen los secuestrados y estamos seguros que las FARC están en la misma situación.
-¿Cuál es la realidad del orden público en el Chocó?
-El Presidente ha dado instrucciones muy precisas al Ministerio de Defensa para cumplir con los protocolos de seguridad que conduzcan a la liberación de los secuestrados. Esperamos que las FARC cumplan su palabra.
-¿Cómo será la participación de las FARC en política?
-Es una situación que no debería generar tanta sorpresa. La historia de los procesos de paz buscan garantizar el desarme, la desmovilización, la reincorporación a la sociedad civil de quienes se han alzado en armas para combatir al Estado, de quienes han generado violencia, para garantizar el silenciamiento de los fusiles, y en ese propósito obviamente una efectiva desmovilización.
Un efectivo proceso de paz debe conllevar obviamente la participación en política de aquellos que han empuñado equivocadamente las armas en contra de la legitimidad del Estado. Eso es apenas natural, apenas lógico.
En el camino, en la negociación y en el Congreso de la República tendrá que definirse el alcance de participación en política, las condiciones de esa participación en política, las garantías políticas y las garantías en seguridad para aquellos que decidan entregarse y participar en política.
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Ayer precisamente se presentó un primer informe preliminar. Empezamos a hacer un diagnóstico de 46 municipios en los seis departamentos más afectados por la violencia de las FARC en las últimas décadas, para mirar cómo podemos construir esa paz en los territorios, que pasa necesariamente por la reparación integral a las víctimas, por el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de esas zonas de conflicto, y por la garantía de su vida a los excombatientes que se desmovilicen, y a quienes decidan participar en política.
-¿Habrá asignación de curules?
-La idea es que se hagan elegir en igualdad de condiciones. Se establecen unas circunscripciones especiales para la Cámara de Representantes, de aquellas zonas que han sido más afectadas por la violencia y que como consecuencia de esa violencia han estado representadas políticamente por los altos niveles de abstención, por los muy bajos niveles de participación. Zonas muy importantes, zonas muy ricas del país, azotadas por la violencia que no han tenido una vocería en el Congreso.
Y esas zonas tendrán que elegir, si se llega a un acuerdo definitivo de paz, unos representantes a la Cámara. Pero serán los habitantes de esas regiones o subregiones de Colombia los que libremente y democráticamente decidan quiénes van a ser sus voceros.
Seguramente en algunas zonas se elegirán excombatientes; en otras zonas se elegirán líderes sociales y comunitarios que nada han tenido que ver con la subversión, en otras zonas víctimas propias de las FARC que tienen unos liderazgos sociales. Pero serán elecciones democráticas.
-¿Se sabe el número de circunscripciones especiales en la Cámara?
No, eso no está definido aún en los acuerdos.
