Este jueves, uno de los temas que generó mayor especulación fue el de la ponencia aprobada en la Corte Constitucional, según la cual no podrán ejercer cargos públicos los políticos que tengan pendientes por pagar multas.
Dicha normativa hace parte del Código Disciplinario y había sido demandada por la defensa del exalcalde de Bogotá. Esta vez, la decisión en el máximo tribunal se dio de forma apretada, con 5 votos favorables contra 4. Se trata además de un precedente jurídico, porque la Corte establece que las inahibilidades no son distintas según el funcionario sino que aplican igual para todos.
En horas de la mañana, mientras en redes sociales ya se barajaba anticipadamente la idea de que la Corte Constitucional iba a tomar tal decisión, Petro reaccionó en su cuenta de Twitter: "El Estado colombiano se va radicalmente en contra de la Convención Americana de DD.HH y la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Leopoldo López, que es obligatoria para Colombia".
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Los temores de Petro frente al tema radican fundamentalmente en la multa de 217.000 millones de pesos en su contra, impuesta por la Contraloría Distrital de Juan Carlos Granados, por la merma a las tarifas de Transmilenio que implementó el entonces alcalde. La multa se encuentra no obstante suspendida, hecho por el que de momento no tiene efecto sobre la curul del senador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio la razón al exmandantario, extendiéndole una serie de órdenes al Estado colombiano para garantizar su participación política.
Ahora tras el fallo de la Corte Constitucional, la Contraloría deberá determinar si ratifica la multa que había impuesto contra Petro. No obstante y tal como lo señaló Petro una vez conoció la decisión del máximo tribunal, justamente el propio Granados está inmerso en el caso Odebrecht y ya fue llamado a imputación de cargos por el Tribunal Superior de Bogotá.
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La Fiscalía General de la Nación también anunció que solicitará medida de aseguramiento contra Granados, el mismo que había multado a Petro. ¿En qué terminará esto? Apenas inicia un pulso que de cualquier forma pone en riesgo su curul en el Congreso, ganada tras haber obtenido 8 millones de votos en segunda vuelta presidencial.
En declaraciones a Kienyke.com, Petro consideró que "la multa fiscal no aparece en las inhabilidades en la Constitución del 91. Ha cambiado la doctrina, eso llama la atención porque tiene un objetivo político. De hecho se va contra la sentencia de la CIDH sobre Leopoldo López, que dice que multas de contralores no pueden inhabilitar ciudadanos, que fue lo que le sucedió al opositor venezolano. Es decir, la Corte Constitucional está sacando al país del sistema interamericano de derechos humanos".
"El objetivo de ellos no es tanto que salga del Senado. Ellos están buscando que no vuelva a competir por la Presidencia de la República. De un manotazo, como está sucediendo en Venezuela, sacar de la contienda política a media Colombia", concluyó.
