El decreto que pretende regular el consumo de sustancias psicoactivas en el país, es uno de los actos más controversiales que ha realizado la administración de Iván Duque. Este lunes, firmó oficialmente la norma y desde ese momento la Policía Nacional tendrá la legitimidad de decomisar y destruir estas sustancias a quien comercialice, porte o las consuma en espacios públicos de todo el territorio nacional. KienyKe.com consultó a los expertos si este decreto expedido por el mandatario, efectivamente contrarrestará las alarmantes cifras de consumo y combatirá el fenómeno del microtráfico en el país.
El presidente Duque manifestó que tendrá 'mano dura' para judicializar a los jíbaros y que de ahora en adelante la Fuerza Pública tendrá las herramientas necesarias para hacer cumplir el Código de Policía, sancionado por la administración de Juan Manuel Santos, para sancionar los comportamientos que afecten la convivencia en los espacios públicos y que afecten la actividad económica.
Explicó que con la norma, no se pretende criminalizar a los que porten la dosis mínima, porque el decreto es "respetuoso de las libertades protegidas por las altas Cortes" que sostienen que la dosis mínima hace parte del libre desarrollo de la personalidad, pero a quien le encuentren droga, se la confiscarán y se destruirá.
https://twitter.com/IvanDuque/status/1046836211011256320
¿Combatirá el microtráfico?
Alfredo Rangel, exsenador del partido Centro Democrático, le dijo a este medio que la firma de este decreto es un mensaje contundente enviado por el Gobierno Nacional a los colombianos, para que se den cuenta que el consumo de drogas es perjudicial para la salud y que está prohibido por la ley. Comentó que esto tenderá a neutralizar la permisividad y la manera "alegre" en la que se ha tratado el tema del narcotráfico.
"Considero que este decreto sí podría detener el incremento del consumo en las calles de Colombia, porque ha habido una manera impune para contrarrestarlo. Esto, después de que la Corte Constitucional diera protección a los jíbaros, al establecer la teoría de la dosis de aprovisionamiento y al considerar que el porte y el consumo hacen parte del libre desarrollo de la personalidad. Esto ha impedido que las autoridades competentes combatan con eficacia la venta de drogas en el país".
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Según Rangel, esta medida no solo es para confiscar la dosis mímina, sino que hace parte de una política integral en contra del narcotráfico, que combatirá el eslabón del consumo y la comercialización. "El Gobierno ha anunciado un combate contundente contra de la producción de las drogas, el lavado de dinero, de los cultivos ilícitos y cada uno de los eslabones de esta cadena que está haciendo de Colombia un país que no vivía tan altos niveles de narcotráfico y de consumo en toda su historia", manifestó.
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El excongresista mencionó que le parece que el Estado debe actuar en consecuencia a la Constitución Política, que en su artículo número 49, señala que: "El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido (salvo prescripción médica)", y que cree que lo que hace el decreto es darle un desarrollo a dichas medidas que no se habían aplicado por los pronunciamientos "ambiguos" y "confusos" del Alto Tribunal, "cuyo amparo ha aumentado tanto el consumo, como la comercialización".
Agregó que quienes quieran que esto se legalice, tendrán que someterse a un proceso de reforma constitucional y a todo el proceso político, pero mientras que esto no se cambie, "esto seguirá siendo prohibido", aseveró.
Rangél indicó que es el momento propicio para que el Gobierno colombiano se de a la tarea de combatir de manera contundente este fenómeno y a toda la fuente de la disponibilidad de las drogas; en particular con el bazuco, la cocaína y la marihuana, que tiene que ver con la multiplicación de los cultivos ilícitos en el país.
"No hay relación causal en penalizar y disminuir el consumo"
Por su parte, Catalina Mahecha, coordinadora del Centro de Estudio sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, destacó ante KienyKe.com que diferentes estudios han demostrado que el consumo de drogas ha ido aumentando no solamente en Colombia, sino también a nivel regional y global; no solo de marihuana, sino también de otras sustancias psicoactivas.
"Esto no es nuevo, en toda la región se ha tratado desde una perspectiva prohibicionista de hacer que se castigue a las personas que tienen que ver con la producción, el tráfico o el consumo de drogas. Esto no ha llevado, en ningún momento, a que el consumo baje", manifestó.
Indicó que en los estudios se ha demostrado que no hay ninguna relación causal en penalizar y disminuir el consumo y que toda la evidencia científica muestra que si se pretende reducir el consumo en los niños, niñas y adolescentes, el factor clave es retardar la edad de inicio en la que esta población comienza a consumir, ya sea alcohol, cigarrillos o demás sustancias.
Mahecha resaltó que el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas del Observatorio de Drogas de Colombia que publicó en el 2016, concluyó que las sustancias consumidas por esta población son seis, entre ellas cuatro son principalmente lícitas: el alcohol, el tabaco, la marihuana y los inhalables (como el boxer) y por otro lado, la cocaína y los tranquilizantes sin prescripción médica.
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La experta comentó que es clave que el Gobierno se pregunte qué están vendiendo y que están consumiendo los jóvenes del país, un punto que considera clave para reducir el consumo más recurrente. Aseguró que en la norma solo se habla de marihuana, cocaína o sustancias derivadas de esta, como sostuvo Rangel, pero que le restan la importancia a los inhalables, al alcohol, al problema del tabaquismo y descarta por completo los tranquilizantes.
"Si lo que se está buscando es reducir el consumo en esta población, sería interesante primero saber cuál es el consumo que queremos reducir, sobretodo porque la cocaína está en los últimos puestos", puntualizó y agregó que, si el objetivo es reducir el consumo de esas sustancias, "uno debería ver mucho mejor qué es lo que quiere reducir, cómo serían esas campañas y si estas serían más de prevención que de criminalización", aseveró.
¿Es efectivo el 'prohibicionismo'?
Catalina Mahecha mencionó que pone en duda que el decreto de Iván Duque funcione efectivamente y que con su implementación, se ataque efectivamente el problema. Además, comentó que las medidas prohibicionistas han venido reinando y que cada vez hay más actividades punibles relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas.
"Los diferentes Estados han venido priorizando el sistema penal sobre el sistema de salud. Hay muy poco énfasis en los programas asociados en reducción del consumo, que han mostrado ser mucho más eficaces en mitificar los efectos negativos. Esto lo que ha creado es un incremento de la población encarcelada por estos delitos, lo que ha traido como consecuencia una crisis carcelaria sin precedentes".
Agregó que con estas medidas punitivas a las actividades del consumo, se está afectando mayoritariamente a las personas más vulnerables y que esta repuesta penal, "pone a los usuarios de drogas más vulnerables en situaciones de aún más vulnerabilidad".
Por último, al preguntarle si han sido útiles las medidas de los países que sí han legalizado el consumo, especificó que "solo se ha legitimado el consumo de marihuana, de manera medicinal, en algunos países latinoamericanos, y de manera recreativa, en algunos estados de EE. UU." e indicó que haciendo una comparación, se pensaría que con esta legalización aumentó el número de personas consumidoras, pero que al contrario, ni subió, ni bajó.
"Lo que uno puede ver es que no aumentó el consumo, no disminuyó la edad, pero hace falta preguntarse es qué pasó con el nivel de violencia y de seguridad. En países como Holanda se ha logrado mantener los niveles de consumo, pero no ha aumentado la violencia", puntualizó.
