Luego de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Presidencia deberá responder al derecho de petición interpuesto por el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, y el exministro Álvaro Leyva para entregar a las Naciones Unidas la información sobre los acuerdos alcanzados con el Eln.
En la batalla jurídica de Leyva y Cepeda, facilitadores del proceso de paz con el grupo armado, le pedían al Gobierno Nacional responder a la acción de tutela que había realizado hace más de cuatro meses y de la cual no obtuvieron respuesta. La finalidad era pedirle al presidente rescatar los avances conseguidos con el colectivo ilegal antes del atentado a la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá que motivó a suspender las negociaciones.
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De acuerdo con el documento oficial, se le pide al "Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a los países garantes del proceso de negociación -Brasil, Chile, Cuba, Ecuador y Noruega-, sobre los acuerdos a que llegaron las partes en desarrollo de las conversaciones entre el Gobierno nacional y el ELN, y así mismo, que como jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, proceda a su pronta implementación para satisfacer derechos surgidos de dichos compromisos".
Dicha petición, pretendía proteger la agenda de seis puntos con los temas de la discusión y los dos preacuerdos que se alcanzaron en junio de 2017. El primero, relacionado con el 'Acuerdo humanitario Ya para el Chocó' que se venía desarrollando con las comunidades del departamento. Y el segundo, un plan de desminado humanitario que según las negociaciones se habían decidió implementar en Nariño.
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Asimismo, el documento señala que el mandatario tiene un plazo de cinco días hábiles desde este viernes, para responder la petición que ambas figuras políticas habían presentado el 14 de marzo. Por lo que el tribunal ordenó: "al presidente de la República Iván Duque Márquez en el término máximo de cinco días hábiles, siguientes a la notificación de la presente providencia, responda de fondo a la petición presentada el 14 de marzo de 2019".
También rescata, que si bien la Secretaría Jurídica de la Presidencia el pasado 5 de abril envió una respuesta a la solicitud informando que no había vulnerado el derecho de petición de los demandantes, "no cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales para entender satisfecho el derecho de petición". El organismo calificó que la contestación "no es acorde con lo penitencionado" y agregó que por ende, "no existe una respuesta congruente y precisa, por lo anterior, se concluye una vulneración del derecho invocado".
