Un reciente informe del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos y Propiedad Agraria pone el dedo en la llaga sobre el verdadero avance de los esfuerzos gubernamentales para devolverle a los despojados por la violencia sus hogares en el campo. Advierten que el ritmo con el que el Estado trabaja para restituir predios a desplazados no tendrá resultados en diez años, como se ha prometido, y en cambio podría durar casi 10 mil años.
La proyección suena exagerada pero el informe ‘Un trancón fenomenal’ analiza el diseño institucional y actual funcionamiento de las políticas de Gobierno que pretenden cumplir la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, uno de los proyectos bandera de la Administración Santos y engrane fundamental ante un eventual posconflicto en caso de firmarse el proceso de paz.
El informe académico toma como muestra de estudio el proceso de restitución hecho en las poblaciones de Montes de María (Sucre-Bolívar) y determinó que habría más de 99 mil potenciales reclamantes. Reduciendo las estimaciones de reales reclamantes, el informe se basa en 3.327 solicitudes para recuperar tierras a campesinos que fueron desarraigados por grupos armados.
El estudio toma informes de resultados oficiales y denuncia que en Montes de María se resuelven en promedio un caso de restitución cada diez días. Para resumir, según sus cuentas, solo en esta región se tardarían unos 90 años para devolver tierras a desplazados, en los casos más optimistas. Pero si se evaluara la cifra inicial, de casi cien mil reclamantes y con la celeridad actual, hasta dentro de 10 mil años se devolvería la última parcela.
No es para nada alentador este panorama. Hay zonas del país en los que el conflicto armado continúa latente y se presentan despojos de tierras casi a diario. El problema parece de nunca acabar y el Observatorio recomienda a las autoridades rediseñar el actual modelo para cumplir con las demandas de decenas de miles de desplazados en Colombia que claman por regresar a su hogar. KienyKe.com confrontó al director de la Unidad de Restitución de Tierras, que depende del Ministerio de Agricultura, sobre las realidades que enfrenta una de las tareas fundamentales para conseguir realmente la paz.
El informe ‘Un trancón fenomenal’ parece desvirtuar las metas del gobierno que han indicado que en diez años se habrán devuelto las tierras a casi todos los desplazados que hay en Colombia. ¿Son sinceros ustedes sobre este propósito?
Sobre ese informe hay varias precisiones que hacer. Uno es que es un tema netamente académico y en ese sentido la información que se cogió fue datos de algunas instituciones. El profesor de la Universidad Nacional (Francisco Gutiérrez) centró su estudio en la región de los Montes de María y cogió la información de desplazados que da la Unidad de Víctimas, y de ahí concluyó que todos estos desplazados necesitaban restitución y que si se hacia el proceso como lo estamos haciendo no íbamos a llegar en cien años. Pero hay que hacerle unas precisiones. La primera es que los Montes de María sí tuvo problemas de desplazamiento, pero la gente que salió ya volvió. Y la gente no necesita de un proceso restitutivo. Ahora bien, de los que salieron, algunos sí necesitan restitución. Pero no son los 100 mil con los que él hizo la cuenta, sino los que están llegando a la unidad de restitución. En estos momentos son tres mil y nosotros estamos procesando esas reclamaciones. Y muy seguramente la restitución en esa zona del país no demore los 30 mil años de los que él habla, sino demore yo creo que unos 4 o 5 años porque se está haciendo a muy buen ritmo y los reclamantes de Montes de María ya están viendo resuelta su situación. De hecho ya tenemos más de dos mil hectáreas restituidas a campesinos en esa zona.
Sabogal informa que hay al menos 45 mil reclamaciones de desplazados que quieren regresar a sus tierras. De momento se están tramitando unas 15 mil.
Recientemente ustedes hablaban de haber logrado restituir unos 800 casos en el país, pero es que las víctimas de desplazamiento son miles y los casos también. ¿Si la Ley pone un plazo de diez años, ustedes podrán cumplirlo?
Nosotros tenemos 45 mil reclamaciones en todo el país. De esas 45 mil reclamaciones, para ser resueltas o tramitadas, requieren que en las zonas donde están los predios existan condiciones de seguridad. Para eso, el Ministerio de Defensa trabaja conjuntamente con la Unidad en cerca de 150 zonas del país donde se tramitan 15 mil reclamaciones. Estamos hablando de más de un 25%. Esas reclamaciones se están investigando; mirando si sí es una reclamación seria, si el reclamante sí fue desplazado. Todo eso se está mirando, se está yendo a los predios, se está mirando y georeferenciando. Esa tarea que estamos haciendo ya ha finalizado en lo que al gobierno le compete, que es el tramo administrativo, y hemos finalizado en cerca de 6 mil de esas 15 mil reclamaciones. Y de esas, los jueces ya tienen en sus despachos un poco más de 3 mil reclamaciones. Ellos ya se encuentran emitiendo sentencias; han fallado unos 800 casos. Esto ya cogió vuelo, o sea, los jueces están fallando todos los días y la Unidad también está llevando casos semanalmente a esos despachos. El proceso está marchando.
Es decir, ¿ya han proceso del 25% del total de reclamaciones existentes en Colombia?
Estamos tramitando ya el 25% de lo que nos ha llegado y los jueces ya están tomando decisiones. Y otra claridad; lo que estamos tramitando, al menos un 30% de esas reclamaciones, se está contando que no son procedentes, o sea que no es de despojados ni personas que perdieron sus tierras en otras circunstancias y quieren venir al proceso a reclamarlas por ese trámite.
¿Se han encontrado con varios casos de falsos reclamantes? ¿Cómo los castigan?
Hemos encontrado un 30% de reclamantes que al analizar sus casos se encuentra que, de acuerdo a lo que exige la ley, hacen solicitudes no procedentes. Por muchos factores: en muchos casos por desinformación; en otros porque no conocen la ley; y también hemos encontrado ‘avivatos’. Hay personas que quieren buscar provecho ilícito a través de este proceso. Con estos últimos hemos oficiado a la Fiscalía para que tome cartas en el asunto. La Ley habla que quien obtenga un provecho indebido de la Ley de Restitución de Tierras o que consiga el registro de manera fraudulenta tendrá una pena de 8 a 12 años.
¿Les ha causado problema alguno el trabajo de restitución de tierras en medio del conflicto?
Estamos tramitando aproximadamente el 25% del total de reclamaciones y eso tiene que ver con condiciones de seguridad. Implementar esa política en medio del conflicto tiene enormes desafíos: de hecho no podemos estar en todos los lugares del país. Hay zonas donde el problema de despojo es muy acentuado y para poderse tramitar se requiere que existan condiciones de seguridad. Y esto solamente se podrá tramitar cuando exista la condición de seguridad. En esto el estudio podría tener razón, y es que si no cambian las condiciones es de seguridad, si el país sigue en conflicto, seguramente los 30 mil años de los que él habló resulten poquitos, porque si nos seguimos matando esto nunca se va a solucionar. Ahora bien, si aquí hay condiciones de seguridad es muy posible que en pocos años tengamos resuelto el tema. No sé si en los ocho años que nos quedan de vigencia de la ley o un poco más, pero por lo pronto en un tiempo prudencial.
¿El accionar de las Bacrim ha torpedeado su trabajo?
En algunas zonas donde hay Bacrim nosotros estamos interviniendo y hay un esfuerzo grande de la fuerza pública por recuperar el control, pero bueno, es de las tareas que a diario debe cometer la fuerza pública. Y se está trabajando en las zonas donde hay presencia de estas fuerzas ilegales.
Algunos sugieren considerar el método de restitución predio a predio, ¿Qué implica eso?
Lo que les entiendo es que quisieran que la restitución se hiciera como el programa de vivienda prioritaria: masivamente. O sea, preguntar quién no tiene vivienda y entonces le doy vivienda. Y que, según el estudio, de esa manera podríamos hacer las reclamaciones en unos pocos años. Desgraciadamente ese modelo se ha utilizado en otras latitudes del mundo donde el conflicto ha sido muy diferente al nuestro. El ejemplo que se tiene de Bosnia o lo que fue la antigua Yugoslavia, es que allá la restitución se hizo masivamente. ¿Pero por qué?, porque la violencia fue en un único momento, la gente salió en un único momento, cuando se devolvieron los predios fue en un único momento y los despojados eran urbanos. La gente que volvía lo hacía a edificios.
El encargado del programa gubernamental para la restitución de tierras reconoció que si las condiciones de orden público no favorecen el proyecto, entonces las metas no se alcanzarán a cumplir.
Entonces ese tipo de modelo no es viable para la situación de Colombia…
Hay mucha diferencia de Dinamarca a Cundinamarca. Y que una cosa es una violencia de un solo momento y otra es una violencia de 50 o 60 años; una violencia donde los despojados no tienen títulos, que han sido despojados de muchas zonas del país, que hay mucho reclamante sobre un mismo preado. Tenemos una particularidad, y es que con todo el conflicto grave que hemos padecido, la institucionalidad de nuestro país ha estado presente también a lo largo y ancho del país, y allí las acciones se han hecho con manto de legalidad.
Ese estudio dice que ustedes están planteando la estrategia de devolución de tierras bajo la premisa de que el fenómeno del desplazamiento ya acabó. ¿Así lo consideran?
En zonas donde efectivamente encontramos que ya no hay brotes de violencia, encontramos que está toda la condición para que la gente vuelva. Por ejemplo en Montes de María la condición de seguridad es óptima. Nosotros tenemos equipos metidos en terreno, yendo predio a predio y no hemos tenido ninguna dificultad. Allá ya estaríamos hablando de una zona postconflicto en tanto hay otras zonas donde aún se está expulsando gente como en Nariño, Catatumbo, Cauca… zonas donde todavía el conflicto está vivo.
¿Sabe si la reforma rural integral que se discute en La Habana en medio del proceso de paz podría entrar en contradicción con la Ley que usted está implementando?
No para nada. La política de restitución de tierras no se negoció. El presidente (Santos) lo dijo, lo dijo en su momento el exministro (de Agricultura) Juan Camilo Restrepo, que esto no fue sujeto de ninguna negociación y la política de restitución se sigue tramitando como se estableció en la Ley, y no tiene dificultad.
¿Conoce usted el contenido de lo negociado en ese punto de tierras, y tiene la certeza que no afectará el actual modelo?
Obviamente que hay un acuerdo y próximamente, si hay acuerdo sobre los cinco o seis puntos que se acordaron, lo harán público. No tiene esto que contradecir la Ley porque la política de restitución no se negoció. La política de restitución es vigente por una Ley de la República que hay que cumplirla. Y esa no se dejó allá para que se discutiera con ellos. Esa política se cumple.
Ahora, siendo completamente sinceros, ¿en los ocho años qué restan qué porcentaje del total de restituciones pendientes creen que cumplirán?
Con la mano en el corazón yo le puedo decir a los colombianos que si no tenemos seguridad en muchas zonas donde ahora hay despojo, si el conflicto sigue, si nos seguimos matando, en muchas regiones donde ese conflicto está acentuado no se van a poder tramitar (las devoluciones) y seguramente la restitución no podrá hacerse ni en 10, ni en 20 ni en 50 ni en 100 años. Ahora bien, si hay paz, si podemos ponernos de acuerdo los colombiano, es muy posible que esa tarea se pueda hacer mucho más rápido y podamos entrar en algunas zonas donde ahora no hemos podido entrar. Y seguramente si hay paz muchos campesinos podrán volver a sus tierras sin necesidad de la política de restitución, porque no habrá necesidad de un juez que les diga que pueden volver y hacer efectivo el regreso a las tierras que dejaron abandonadas.
¿Pero el ritmo actual es favorable o no es lo esperado?
Nosotros estamos avanzando en unas zonas muy bien; en otras tenemos dificultades, y es normal. En zonas donde el conflicto es duro no se puede marchar igual que en aquellas donde hay toda condición de seguridad.
Sabogal informa que hay al menos 45 mil reclamaciones de desplazados que quieren regresar a sus tierras. De momento se están tramitando unas 15 mil.
Recientemente ustedes hablaban de haber logrado restituir unos 800 casos en el país, pero es que las víctimas de desplazamiento son miles y los casos también. ¿Si la Ley pone un plazo de diez años, ustedes podrán cumplirlo?
Nosotros tenemos 45 mil reclamaciones en todo el país. De esas 45 mil reclamaciones, para ser resueltas o tramitadas, requieren que en las zonas donde están los predios existan condiciones de seguridad. Para eso, el Ministerio de Defensa trabaja conjuntamente con la Unidad en cerca de 150 zonas del país donde se tramitan 15 mil reclamaciones. Estamos hablando de más de un 25%. Esas reclamaciones se están investigando; mirando si sí es una reclamación seria, si el reclamante sí fue desplazado. Todo eso se está mirando, se está yendo a los predios, se está mirando y georeferenciando. Esa tarea que estamos haciendo ya ha finalizado en lo que al gobierno le compete, que es el tramo administrativo, y hemos finalizado en cerca de 6 mil de esas 15 mil reclamaciones. Y de esas, los jueces ya tienen en sus despachos un poco más de 3 mil reclamaciones. Ellos ya se encuentran emitiendo sentencias; han fallado unos 800 casos. Esto ya cogió vuelo, o sea, los jueces están fallando todos los días y la Unidad también está llevando casos semanalmente a esos despachos. El proceso está marchando.
Es decir, ¿ya han proceso del 25% del total de reclamaciones existentes en Colombia?
Estamos tramitando ya el 25% de lo que nos ha llegado y los jueces ya están tomando decisiones. Y otra claridad; lo que estamos tramitando, al menos un 30% de esas reclamaciones, se está contando que no son procedentes, o sea que no es de despojados ni personas que perdieron sus tierras en otras circunstancias y quieren venir al proceso a reclamarlas por ese trámite.
¿Se han encontrado con varios casos de falsos reclamantes? ¿Cómo los castigan?
Hemos encontrado un 30% de reclamantes que al analizar sus casos se encuentra que, de acuerdo a lo que exige la ley, hacen solicitudes no procedentes. Por muchos factores: en muchos casos por desinformación; en otros porque no conocen la ley; y también hemos encontrado ‘avivatos’. Hay personas que quieren buscar provecho ilícito a través de este proceso. Con estos últimos hemos oficiado a la Fiscalía para que tome cartas en el asunto. La Ley habla que quien obtenga un provecho indebido de la Ley de Restitución de Tierras o que consiga el registro de manera fraudulenta tendrá una pena de 8 a 12 años.
¿Les ha causado problema alguno el trabajo de restitución de tierras en medio del conflicto?
Estamos tramitando aproximadamente el 25% del total de reclamaciones y eso tiene que ver con condiciones de seguridad. Implementar esa política en medio del conflicto tiene enormes desafíos: de hecho no podemos estar en todos los lugares del país. Hay zonas donde el problema de despojo es muy acentuado y para poderse tramitar se requiere que existan condiciones de seguridad. Y esto solamente se podrá tramitar cuando exista la condición de seguridad. En esto el estudio podría tener razón, y es que si no cambian las condiciones es de seguridad, si el país sigue en conflicto, seguramente los 30 mil años de los que él habló resulten poquitos, porque si nos seguimos matando esto nunca se va a solucionar. Ahora bien, si aquí hay condiciones de seguridad es muy posible que en pocos años tengamos resuelto el tema. No sé si en los ocho años que nos quedan de vigencia de la ley o un poco más, pero por lo pronto en un tiempo prudencial.
¿El accionar de las Bacrim ha torpedeado su trabajo?
En algunas zonas donde hay Bacrim nosotros estamos interviniendo y hay un esfuerzo grande de la fuerza pública por recuperar el control, pero bueno, es de las tareas que a diario debe cometer la fuerza pública. Y se está trabajando en las zonas donde hay presencia de estas fuerzas ilegales.
Algunos sugieren considerar el método de restitución predio a predio, ¿Qué implica eso?
Lo que les entiendo es que quisieran que la restitución se hiciera como el programa de vivienda prioritaria: masivamente. O sea, preguntar quién no tiene vivienda y entonces le doy vivienda. Y que, según el estudio, de esa manera podríamos hacer las reclamaciones en unos pocos años. Desgraciadamente ese modelo se ha utilizado en otras latitudes del mundo donde el conflicto ha sido muy diferente al nuestro. El ejemplo que se tiene de Bosnia o lo que fue la antigua Yugoslavia, es que allá la restitución se hizo masivamente. ¿Pero por qué?, porque la violencia fue en un único momento, la gente salió en un único momento, cuando se devolvieron los predios fue en un único momento y los despojados eran urbanos. La gente que volvía lo hacía a edificios.
El encargado del programa gubernamental para la restitución de tierras reconoció que si las condiciones de orden público no favorecen el proyecto, entonces las metas no se alcanzarán a cumplir.
Entonces ese tipo de modelo no es viable para la situación de Colombia…
Hay mucha diferencia de Dinamarca a Cundinamarca. Y que una cosa es una violencia de un solo momento y otra es una violencia de 50 o 60 años; una violencia donde los despojados no tienen títulos, que han sido despojados de muchas zonas del país, que hay mucho reclamante sobre un mismo preado. Tenemos una particularidad, y es que con todo el conflicto grave que hemos padecido, la institucionalidad de nuestro país ha estado presente también a lo largo y ancho del país, y allí las acciones se han hecho con manto de legalidad.
Ese estudio dice que ustedes están planteando la estrategia de devolución de tierras bajo la premisa de que el fenómeno del desplazamiento ya acabó. ¿Así lo consideran?
En zonas donde efectivamente encontramos que ya no hay brotes de violencia, encontramos que está toda la condición para que la gente vuelva. Por ejemplo en Montes de María la condición de seguridad es óptima. Nosotros tenemos equipos metidos en terreno, yendo predio a predio y no hemos tenido ninguna dificultad. Allá ya estaríamos hablando de una zona postconflicto en tanto hay otras zonas donde aún se está expulsando gente como en Nariño, Catatumbo, Cauca… zonas donde todavía el conflicto está vivo.
¿Sabe si la reforma rural integral que se discute en La Habana en medio del proceso de paz podría entrar en contradicción con la Ley que usted está implementando?
No para nada. La política de restitución de tierras no se negoció. El presidente (Santos) lo dijo, lo dijo en su momento el exministro (de Agricultura) Juan Camilo Restrepo, que esto no fue sujeto de ninguna negociación y la política de restitución se sigue tramitando como se estableció en la Ley, y no tiene dificultad.
¿Conoce usted el contenido de lo negociado en ese punto de tierras, y tiene la certeza que no afectará el actual modelo?
Obviamente que hay un acuerdo y próximamente, si hay acuerdo sobre los cinco o seis puntos que se acordaron, lo harán público. No tiene esto que contradecir la Ley porque la política de restitución no se negoció. La política de restitución es vigente por una Ley de la República que hay que cumplirla. Y esa no se dejó allá para que se discutiera con ellos. Esa política se cumple.
Ahora, siendo completamente sinceros, ¿en los ocho años qué restan qué porcentaje del total de restituciones pendientes creen que cumplirán?
Con la mano en el corazón yo le puedo decir a los colombianos que si no tenemos seguridad en muchas zonas donde ahora hay despojo, si el conflicto sigue, si nos seguimos matando, en muchas regiones donde ese conflicto está acentuado no se van a poder tramitar (las devoluciones) y seguramente la restitución no podrá hacerse ni en 10, ni en 20 ni en 50 ni en 100 años. Ahora bien, si hay paz, si podemos ponernos de acuerdo los colombiano, es muy posible que esa tarea se pueda hacer mucho más rápido y podamos entrar en algunas zonas donde ahora no hemos podido entrar. Y seguramente si hay paz muchos campesinos podrán volver a sus tierras sin necesidad de la política de restitución, porque no habrá necesidad de un juez que les diga que pueden volver y hacer efectivo el regreso a las tierras que dejaron abandonadas.
¿Pero el ritmo actual es favorable o no es lo esperado?
Nosotros estamos avanzando en unas zonas muy bien; en otras tenemos dificultades, y es normal. En zonas donde el conflicto es duro no se puede marchar igual que en aquellas donde hay toda condición de seguridad.
