El presidente Juan Manuel Santos a través de una declaración y después de una reunión el vicepresidente, el fiscal encargado, el director de la policía y los ministros del despacho, entre otros, dio a conocer varias decisiones que tomó frente al paro de transportadores y los hechos que se han presentado en los últimos días.
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Según el mandatario, el gobierno no va a permitir que el paro, que ya lleva 38 días, vaya en contra de la mayoría de los colombianos, de la canasta familiar, del bolsillo de las familias, del normal abastecimiento de alimentos, del empleo, del trabajo decente y de la actividad de campesinos e industriales.
También indicó que no se va a permitir que los precios de los alimentos para los colombianos, el huevo, la carne, el arroz se suban de forma permanente por cuenta de este paro.
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Así que para debido al no avance en la definición de soluciones razonables, y frente a la necesidad de garantizar el abastecimiento y el transporte de mercancías, el gobierno tomó las siguientes decisiones:
Inmovilizar e incautar los vehículos que se usen para bloquear las vías o impedir el servicio de transporte, cancelar la licencia a los conductores que participen en estos bloqueos, la licencia de operación a propietarios y empresas e imponer multas hasta por 480 millones de pesos y las matrículas de los vehículos que se presten para vías de hecho, habilitar temporalmente a los vehículos particulares para transportar carga y establecer un centro logístico para facilitar el movimiento de carga en coordinación con los empresarios y los transportadores que quieren trabajar.
Por otro lado, el mandatario recordó que la fuerza pública se ha hecho presente en las carreteras y ha protegido más de 1.700 caravanas contra las agresiones ilegales de los violentos y ha dado la orden de duplicar el número de efectivos de la fuerza pública en las carreteras. Serán 50 mil hombres los garantizarán la seguridad en las vías y acompañarán las caravanas de las empresas que quieren seguir trabajando.
Según Santos, si se aceptan las exigencias que están sobre la mesa, los productos de la canasta familiar se subirían un 10% y que eso no lo van a aceptar.
El presidente también habló de que algunas demandas de los transportadores que están negociando con el gobierno fomentan la corrupción y el abuso por parte de unos pocos en detrimento de la mayoría, corrupción que tiene identificada el Fiscal General quien informó que va a proceder contra ellos, quienes han convertido el programa de chatarrización en un negocio particular en el que las principales víctimas son los pequeños transportadores.
