Mañana 27 de enero entra a regir la segunda fase de la Ley 996, también conocida como Ley de Garantías Electorales, que aplica para las entidades que quieren realizar contratación de forma directa.
La Ley de Garantías prohíbe a los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de
Entidades Estatales del orden municipal, departamental y distrital celebrar convenios
interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los cuatro meses anteriores a
cualquier elección.
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La Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente (CCE) explicó en que consiste este decreto. "Se prohíbe celebrar contratos en la modalidad de contratación directa, que involucra a todos los entes del Estado, sin importar su régimen jurídico, forma de organización o naturaleza, pertenencia a una u otra rama del poder público o su autonomía".
Esta ley ha tenido dos fases. La primera entró a regir el pasado 11 de noviembre para atender a las elecciones legislativas del 11 de marzo. Prohíbe a los servidores públicos presionar para que respalden campañas políticas, difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido político, participar en reuniones proselitistas, inaugurar obras públicas o dar inicio a programas sociales, usar recursos públicos para favorecer alguna campaña y asistir a eventos en los que participen candidatos.
De igual manera se prohíbe a estas entidades del estado modificar la nómina del estado. Es decir, no se podrá circular o desvincular contractualmente al personal actual de las entidades.
La ley fue aprobada en el 2005 por el Congreso de la República para la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez y propone restricciones además de la contratación en la celebración de contratos interadministrativos y prestación de servicios a nivel ejecutivo.
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Está pensada para evitar que los recursos públicos se usen para favorecer aspiraciones electorales, por eso su entrada en vigencia inicia cuatro meses antes de las elecciones y va hasta que el presidente sea elegido. En este orden de ideas, a partir del 27 de enero de 2018 y hasta la fecha en la que el Presidente de la República sea elegido, las Entidades Estatales tienen prohibido contratar directamente.
