Al llegar el acuerdo final entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP nació la
Justicia Especial para la Paz (JEP). Una sistema de justicia transicional que permitiría conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado ocurridos antes del
1 de diciembre de 2016, fecha en la que el Congreso aprobó el acuerdo.
Esta nueva sala de justicia se constituyó como un mecanismo para
esclarecer la verdad y garantizar la reparación de las víctimas y la no repetición. Según lo acordado con el grupo guerrillero, se encargarán de analizar los delitos más graves y representativos en el marco del conflicto.
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La tarea de la JEP es atender los
delitos que cometieron excombatientes de las Farc, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles. Estos dos últimos con
participación voluntaria tras una aclaración que entregó la Corte Constitucional.
El
Comité de Escogencia fue el organismo encargado de seleccionar a los
51 magistrados que componen hoy este tribunal especial. La selección se caracterizó por incluir a magistrados con un amplio conocimiento en las regiones, en donde precisamente se ocasionó la afectación más grave por la violencia.
Los primeros pasos de la JEP
El 15 de marzo de 2018,
Patricia Lineros presidenta de la JEP anunció el inicio de operación de la sala de justicia con la entrega de un informe elaborado por la
Secretaría Ejecutiva de la Justicia Especial de Paz que incluye la caracterización de víctimas y actas de compromiso.
En este texto se informó del
sometimiento de 6.400 personas, entre guerrilleros e integrantes de la Fuerza Pública, y la participación de 11.800 víctimas.
El 6 de julio del mismo año y a través de la
Sala de Reconocimiento, se abrió el
caso 001 el primero que citó a ex-integrantes del secretariado mayor de las Farc y el cual revelaría los
crímenes del secuestro por parte de esta guerrilla.
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Se calcula que son más de
4.132 los excombatientes implicados y más de 8.000 las víctimas, ubicadas en su mayoría en los departamentos de
Antioquia, Meta y Bolívar por hechos de secuestro sucedidos durante el período 1993 - 2012.
A la fecha van
89 víctimas acreditadas en este caso entre los que se encuentra la excongresista
Clara Rojas, el exgobernador del Meta
Alan Jara y familiares de los
diputados del Valle asesinados en cautiverio.
El 14 de febrero de este año, arrancaron las versiones voluntarias de los 31 exjefes guerrilleros al que se presentaron
Rodrigo Londoño alías Timochenko y
Pablo Catatumbo. Ante esta diligencia de deliberación hubo varias críticas por el hermetismo que generó recoger estos testimonios a puerta cerrada. Y al parecer cada entrevista que realice la JEP se manejará de manera reservada.
Otros 'macrocasos' en los que trabaja la JEP
Además de este denominado caso 001, la JEP ha anunciado otros cuatro macrocasos. Como el caso 002 que buscar priorizar los hechos de violencia ocurridos en los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño).
Entre los responsables están tanto miembros de las Farc como integrantes de la Fuerza Pública. "Dado el
abandono histórico en el que se encuentra esta zona, la presencia de diferentes actores armados durante el periodo mencionado, la ocurrencia de múltiples hechos victimizantes, y la vulnerabilidad de las víctimas de estos hechos", dijo en su momento el tribunal especial
.
Según la JEP tienen
documentados de más de 1.400 hechos víctimizantes en este caso y se han registrado 1.259 víctimas identificadas con nombre y apellido por hechos sucedidos durante el período 1990 - 2016.
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Uno de las metas que se fijaron en este sistema transicional, es dar una enfoque
territorial y étnico-racial, que además ayuda a comprender la dinámica del conflicto armado en el territorio y sus posibles causas y efectos.
Buscando la verdad de los 'falsos positivos'
El 17 de julio de 2018 se abrió el
caso 003 basado en un informe de la Fiscalía General de la Nación denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como
bajas en combate por agentes del Estado”.
Aquí se esclarecerán los casos de las
ejecuciones extrajudiciales o llamados 'falsos positivos', un fenómeno que se calcula tiene más de 1.700 comparecientes implicados, 2.100 procesos judiciales,
2.248 víctimas, 45% de ellas campesinos, la mayoría localizados en los departamentos de Cesar y Huila.
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El informe de la Fiscalía indicó que "los
perfiles de las víctimas incluyen defensores de los derechos humanos, sindicalistas, defensores de los derechos de las mujeres, de las víctimas y las minorías; lesbianas,
gais, bisexuales y transgénero; personas con discapacidad física o mental y adolescentes, entre otros".
Entre las víctimas también se cuentan miembros de comunidades indígenas, especialmente kankuamos, wiwas y wayúus. El 8 de octubre del 2018,
14 miembros de la Fuerza Pública se presentaron ante la JEP. Entre ellos el coronel Gabriel de Jesús Rincón, quien ratificó su compromiso de someterse a la justicia transicional y de reparar a las víctimas.
Los militares que se han sometido ante este tribunal, en los últimos días le han solicitado al gobierno de
Iván Duque que
sancione sin objeciones la ley estatutaria de la JEP. Esto después de que el jefe de Estado confirmara que hay puntos que deberían revisarse a fondo.
El Urabá en la Justicia Especial para la Paz
El
caso 004 en el que trabaja la JEP, es priorizar los hechos ocurridos en una de la zonas más golpeadas por el conflicto armado, y en la que se encuentran los municipios de
Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba y otros.
Para este caso, el tribunal especial cuenta con un
registro de más de 700 mil víctimas de acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
El tribunal logró identificar los periodos que marcaron hito en esta zona como el fortalecimiento de la
Unión Patriótica (UP) y de las organizaciones sociales ocurrido entre 1986 y 1994. Así como la ola de violencia que generó el grupo desmovilizado Farc entre 1994 y 1997.
Ante esta información recolectada la tarea de la JEP será "decretar abierta la etapa de
reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas respectos de la situación territorial de la región de Urabá".
En un año de funcionamiento la Justicia Especial para la Paz también ha pasado por mucha polémicas, como el "choque de trenes" que ha tenido con la Fiscalía General de la Nación o el caso de
extradición de Jesús Santrich.
A esto se le suma la investigación que le abrieron a
Martha Lucía Zamora, directora administrativa de la JEP, porque al parecer habría tomado decisiones para encubrir la salida del país de varios desmovilizados.
Sin embargo, ha recibido el apoyo de políticos de diferentes bancadas, organizaciones que velan por la
defensa de los Derechos Humanos, entidades internacionales y organizaciones de víctimas que desean que este
tribunal especial les garantice la verdad, reparación y no repetición.
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