El fiscal de la nación Néstor Humberto Martínez, se pronunció este lunes en torno a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), haciendo duras críticas al proyecto que ya fue aprobado en el Congreso, pero que está pendiente de sanción presidencial.
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Martínez informó que en días pasados envió una carta al presidente Iván Duque, en la que manifiesta su desacuerdo con que los delitos cometidos por exguerrilleros luego de los acuerdos de paz queden en manos de la JEP y no de la Fiscalía, dejando al órgano sin acción para poder realizar investigaciones y acusaciones.
"Con el texto sometido a sanción presidencial, los delitos después del Acuerdo de Paz quedan en competencia de la JEP y no de la Fiscalía", además dijo que al afirmar que "los reinsertados que continúan en el narcotráfico seguirían con beneficios, es contraproducente porque la política contra el narcotráfico estaría fracturada".
Manifestó que a juicio de la Fiscalía esto "afectaría los fines de la justicia y la satisfacción de los derechos de las víctimas, desde esa perspectiva son inconvenientes a la política criminal del Estado. Se trata de cuatro aspectos que fueron debatidos en el Congreso plenamente, en el seno se llegó a un consenso pero el texto que ha llegado a la consideración del presidente de la República, modifica sustancialmente ese consenso y puede generar graves impactos a la política criminal".
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También hizo referencia que existen cuatro puntos de Ley Estatutaria de la JEP que desconocen algunas premisas del Acuerdo de Paz, lo que resultaría inconveniente frente al cumplimiento de los deberes internacionales de Colombia en cuanto a Derechos Humanos y lucha contra la impunidad.
Explicó que de ser sancionada por Duque esta ley supuestamente permitiría que no sean excluidos de la JEP los reinsertados que después de la firma del acuerdo cometan nuevos delitos como: secuestro, narcotráfico, extorsión, delitos sexuales y homicidios.
El fiscal informó que esto "paralizaría todas las investigaciones contra agentes del conflicto que adelanta jurisdicción ordinaria hasta que la JEP asuma pleno conocimiento, creando condiciones para que intervenga Corte Penal Internacional, preocupación también expresada por el Observatorio de Derechos Humano".
Finalmente manifestó se eximiría de "toda responsabilidad penal a quienes hayan cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos y no sean considerados máximos responsables, preocupación expresada también por la Fiscal de la Corte Penal Internacional".
