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Entre los detenidos hubo cuatro funcionarios públicos. Según la Policía, la red cobraba hasta 7.000 dólares por registros civiles, cédulas y pasaportes.
Puerto Salgar y Viotá declararon calamidad pública, mientras otras poblaciones de Cundinamarca y Boyacá registraron dificultades para abastecerse de agua.
El presidente Abelardo pidió explicaciones por el traslado de Antonio Guerra y ordenó al INPEC regresarlo al pabellón ERE Sur de La Picota.
La nueva conexión tendrá su vuelo inaugural el 26 de octubre y busca acercar a Córdoba a mercados internacionales de turismo y negocios.