El "Protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans en igualdad de condiciones y libre de discriminación" es una herramienta expedida por Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante la Resolución No. 3480 de 2020, con el cual busca fortalecer la participación política de estas comunidades en los comicios nacionales.
La aplicación de este protocolo tuvo lugar por primera vez en las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo con la ayuda de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans -GAAT y Caribe Afirmativo -CA.
Al respecto, la Misión de Observación Electoral señaló mediante un comunicado de prensa que la aplicación del protocolo contó con un despliegue de 40 ciudadanos y ciudadanas transgénero que llevaron a cabo un ejercicio de observación de la implementación de esta herramienta y su influencia en los procesos electorales.
Antioquia, Caquetá, Atlántico, Nariño, Arauca, Magdalena, Norte de Santander, Cesar y Bogotá fueron los departamentos donde se aplicaron estas medidas, y los cuales dieron cuenta que aunque persisten barreras históricas para la comunidad trans en el país, se ha avanzado en el reconocimiento de sus identidades.
Alejandra Barrios, directora de la MOE sostuvo que “al tratarse de un ejercicio de auto observación, los resultados indicaron que les 40 observadores pudieron votar, lo cual creemos que es -en sí mismo- un logro, ya que para algunes de elles era la primera vez que ejercían su derecho al voto”.
Sin embargo, la Misión de Observación Electoral confirmó que aproximadamente la mitad de las personas que fungieron como testigos trans, tuvieron dificultades al presentarse errores en la aplicación del protocolo, lo cual obstaculizo su derecho al voto. Algunos de los incumplimientos fueron: 1. No poderse ubicar en la fila de ingreso que deseaban de acuerdo al género con el que se identifican. 2. Actos de negación de su identidad como usar pronombres incorrectos o llamarles por su ‘nombres muertos’. 3. Tratos y respuestas hostiles de distintas autoridades al momento de realizar su labor de observación y 4. Miradas intrusivas, trato agresivo o negación de su identidad por parte de jurados de votación.
¿Cumplió la Registraduría con el protocolo Trans?
Aunque la Misión de Observación Electoral resalta la inclusión en sus capacitaciones a jurados y delegados sobre el Protocolo de voto trans, considera que es necesario fortalecer y mejorar la información de la que disponen los capacitadores.
La recomendación de la MOE surge tras una indagación por parte de 40 personas observadoras, que indicaron que una tercera parte de los jurados electorales consultados, y un poco menos de la mitad de las personas delegadas de la Registraduría y testigos electorales no conocían dicho protocolo. Asimismo, más de la mitad de los funcionarios de las mesas de justicia, responsables de recibir las quejas y reclamaciones frente a la denegación del derecho al voto por parte de la ciudadanía, desconocían esta herramienta.
En cuanto a la difusión de piezas informativas sobre el protocolo en los puestos de votación, en el 66% de los puestos observados por los 3.688 observadores nacionales e internacionales, no se encontró ningún material, lo que truncó el proceso en diferentes departamentos.
Alelí Chaparro Amaya, investigadore del Observatorio de Género de la MOE, sostuvo que “este es solo un primer paso para fortalecer su participación política como población” debido a que aun falta capacitar a las autoridades electorales y a la Fuerza Pública, además de desarrollar “procesos de sensibilización y derechos humanos de las personas tras”.
