La ministra española de Hacienda, María Jesús Montero aboga por el diálogo entre el Gobierno español y las autoridades autonómicas de Cataluña tras la sentencia de este lunes emitida por el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas catalanes.
"Siempre hemos querido el diálogo dentro de la ley, ya que es evidente que en este país funciona el Estado de derecho. Y eso es algo que se consolida con esta sentencia", explico a Sputnik.
[single-related post_id="1196584"]
La ministra evitó pronunciarse sobre la posibilidad de una nueva aplicación del artículo 155 para intervenir las instituciones catalanas si las autoridades autonómicas dan una respuesta que se sitúe al margen de la legalidad.
A su modo de ver, el fallo del Tribunal Supremo demuestra que "en este país la democracia está consolidada".
En cuanto a las críticas por parte del independentismo –que calificaron el proceso judicial como un juicio contra sus ideas políticas– Montero respondió que "el Estado de derecho actuó porque esas personas se saltaron la ley, algunas veces con conocimiento, porque no es posible la independencia de una parte del territorio español".
"Esta sentencia es la consecuencia de que la ley es igual para todos los ciudadanos. Y por tanto, independientemente de la posición que cada uno ocupemos, todos somos personas que nos debemos a un orden legal previamente establecido. No podemos quebrantar las normas de convivencia que nos hemos dotado el conjunto de los catalanes y de los españoles", añade la ministra.
Además, Montero aprovechó la ocasión para destacar que "España es un Estado muy descentralizado", pero al mismo tiempo recordó que "como en los países de nuestro entorno, no existe un supuesto derecho a la autodeterminación" sino que "la Constitución reconoce la inviolabilidad del territorio", por lo que lo que cualquier intento de secesión se encuentra fuera de la legalidad.
El Tribunal Supremo de España emitió este lunes su fallo contra los 12 líderes políticos y civiles del independentismo catalán sometidos a juicio por impulsar el proceso que llevó al referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 y a la posterior adopción de una declaración de independencia por parte del Parlamento de Cataluña.
La mayor de las penas recae sobre Oriol Junqueras, exvicepresidente del Gobierno catalán, condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un delito de sedición en concurso medial con otro de malversación agravada.
Del mismo modo, fueron condenados por sedición en distintos grados –con penas de 9 a 12 años de prisión e inhabilitación– otros cinco antiguos integrantes del Gobierno catalán, además de la expresidenta del Parlamento de Cataluña, y los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
En un tercer escalón se situaron otros tres exintegrantes del Gobierno catalán, condenados a una multa de 200 euros diarios durante 10 meses por un delito de desobediencia.
Las penas establecidas por el Tribunal Supremo suman un total de 99 años y 6 meses de cárcel.
El Gobierno de España afirmó que vigilará el cumplimiento de la sentencia y manifestó su deseo de que, en el plano político, el fallo sirva para abrir una nueva etapa que deje atrás el proceso independentista en Cataluña.
Por su parte, el Gobierno catalán manifestó su rechazo a la sentencia bajo la premisa de que no se dirige únicamente contra los 12 enjuiciados por unos hechos concretos, sino que se trata de un intento de paralizar el movimiento independentista.
