El Gobierno Nacional se pronunció tras la polémica suscitada por la propuesta de la senadora María Fernanda Cabal y el representante a la Cámara Christian Garcés, del Centro Democrático, que busca eliminar la figura del porte especial de armas, adoptada durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.
La iniciativa de los congresistas estaba basada en que el efecto de la figura adoptada en el anterior Gobierno redujo las posibilidades de protección personal a los colombianos que venían beneficiándose del poder disuasorio de las armas amparadas por el Estado.
Por ello, proponen eliminar la figura del porte especial para favorecer el porte legal de armas en Colombia, de manera que más ciudadanos estén armados, con el objetivo de que tengan una herramienta para combatir la inseguridad. Es la tesis del proyecto de ley radicado en el Congreso de la República.
"Los colombianos están pidiendo a gritos poderse defender de los peligros constantes a los que están expuestos, no solo en las ciudades, sino también en las zonas rurales de difícil acceso (…) Con frecuencia vemos cómo, criminales dispuestos a todo, cobran vidas de inocentes y en todos los casos hubo un factor determinante: Las víctimas no tuvieron cómo defenderse", señaló la senadora Cabal.
A su vez, el representante Garcés aclaró que la intención no es armar a todos los colombianos, sino fortalecer el monopolio del Estado sobre las armas, y que la idea es que el Gobierno no suspenda el porte masivamente, sino que se recupere el acceso que ya se tenía al porte legal, con los debidos requerimientos, y se consideren los casos de riesgo de manera individual.
La iniciativa generó una profunda controversia en la opinión pública, el debate se configuró entre quienes consideran necesario tener un arma de fuego para defenderse de la delincuencia, y entre los que piensan que más armas en circulación traduce a más violencia.
Ante ese panorama, el consejero presidencial para la seguridad nacional, Rafael Guarín, se refirió al tema. Afirmó que tener permiso para portar un arma debe darse bajo casos excepcionales, más no se puede vender la idea de que es un derecho de los colombianos. Y señaló que, a su juicio, el camino no es armar a los ciudadanos, ni promover la compra, ni el porte de armas.
De hecho, manifestó que controlar rigurosamente las armas que tienen permiso y perseguir implacablemente las ilegales, contribuye a reducir el delito.
"En el Estado social de derecho, tener permiso de porte o tenencia de un arma de fuego debe ser una situación extraordinariamente excepcional, jamás un derecho", escribió en su cuenta de Twitter.
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Así las cosas, parece que el Gobierno Nacional no respaldará la iniciativa que fue radicada por los dos congresistas del Centro Democrático. Cabe señalar que, este tema ya ha sido el centro de la discusión entre el presidente Iván Duque y la senadora Cabal, puesto que el mandatario prorrogó por todo 2021 la prohibición impuesta por el Gobierno de Juan Manuel Santos, luego de identificar que la medida fue exitosa para reducir homicidios, de hecho, desde 2016 cada año esta prohibición ha sido prolongada.