El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, le solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar al Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, por las presuntas irregularidades en el nombramiento de quince personas en cargos directivos que, según dice el congresista, no cumplirían con los requisitos para el desempeño de defensores Regionales y Delegados.
Cepeda afirmó que, algunos de los nuevos Defensores han estado vinculados a escándalos de paramilitarismo y corrupción; han sido denunciados por maltrato físico, psicológico y por acoso laboral; y otros pese a estar impedidos por el cargo que ocupan, continúan haciendo activismo político por el partido Centro Democrático.
"El defensor del Pueblo ha nombrado en el cargo a defensores Regionales y Delegados que no contarían con la experiencia acreditada ni los conocimientos suficientes para el ejercicio de sus funciones, pero que, por el contrario, sí tienen claras afiliaciones políticas con los partidos que lo ayudaron en su elección", aseguró el senador.
Cepeda acusa a Camargo de haber politizado la Defensoría, por esta razón, pidió a la Procuraduría que investigue si para el Defensor, primó la filiación política por encima de los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos de la propia entidad en materia de nombramientos.
Entre las quince personas que no cumplirían los requisitos legales, constitucionales y reglamentarios para ejercer las funciones de defensores Regionales y Delegados, están: José Augusto Rendón García, Defensor Regional en Urabá, Wilson Alberto Núñez, Defensor Regional de Bogotá, Andrés Felipe Villamizar Ortiz, Diana Margarita Silva Londoño e Ibeth Milagro Tobias Ahumada, Defensora Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria.
No obstante, la queja ante la Procuraduría no es el único movimiento de Cepeda contra Camargo, el senador del Polo también presentó una denuncia en la Contraloría General de la Nación, en la que cuestiona la suscripción de once contratos directos de prestación de servicios sin el debido cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. El valor total de estos contratos supera los 243 millones de pesos.
"Solicité a la Contraloría ejercer vigilancia a la gestión fiscal de la Defensoría del Pueblo a través de un proceso auditor, que determine si existieron irregularidades que pudieron implicar un daño a la gestión fiscal y al patrimonio del Estado", agregó Cepeda.
Entre algunos de los contratos a investigar por la Contraloría se encuentran los suscritos con: Jorge Arturo Moncada Rojas, yerno del Embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordoñez; Miller Jesús Soto Solano, precandidato a la gobernación de la Guajira por el Centro Democrático; Eduardo Carmelo Padilla, excandidato a la gobernación de Córdoba.
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Además de las denuncias del senador, funcionarios de la entidad señalan que, al interior de la Defensoría del Pueblo, se instaló una oficina de enlace de las Fuerzas Militares con presencia permanente de miembros del Ejército.
Según los funcionarios, esta situación es una amenaza a su autonomía e independencia, y un mecanismo de coacción para quienes documentan situaciones de vulneración de derechos humanos en los que podrían participar miembros de las fuerzas militares.
Por el momento, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, no se ha pronunciado sobre las denuncias de Cepeda. Kienyke.com intentó contactarse con el funcionario, pero no se recibió respuesta alguna.
