El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, expresó su desacuerdo con la reciente decisión que detuvo el proceso en el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña presidencial de Gustavo Petro. A través de un salvamento de voto, el magistrado consideró que la suspensión fue innecesaria y carecía de justificación jurídica.
Según Ibáñez, el CNE no pretendía atribuir responsabilidades penales al presidente, sino ejercer su función constitucional al investigar posibles irregularidades en los topes de financiación durante la campaña. “No se trata de un juicio político ni disciplinario”, señaló en entrevista con W Radio. Añadió que la actuación del CNE no ponía en riesgo directo al mandatario y, por tanto, no ameritaba una medida cautelar.
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En su escrito, el magistrado enfatizó que no existía ningún daño concreto ni inminente que justificara frenar el proceso: “No se ha adoptado ninguna decisión en el proceso administrativo a cargo del CNE. Al no haber siquiera un perjuicio, no es posible sostener que este sea irremediable”.
Además, Ibáñez advirtió que suspender el proceso exclusivamente para Petro, mientras continúa para los demás implicados, puede romper el equilibrio procesal.
Su postura fue respaldada por otros magistrados. José Fernando Reyes Cuartas coincidió en que el CNE está facultado para investigar campañas electorales, y recordó que cualquier juicio contra el presidente debe ser competencia de la Comisión de Acusaciones. Calificó la decisión de suspender el proceso como “absolutamente inconstitucional”.
La magistrada Paola Meneses también consideró que no se evidenciaba un riesgo que justificara detener la investigación. En su opinión, si el caso ameritaba una resolución urgente, la Corte pudo haber actuado con mayor celeridad mediante una sentencia.
Por su parte, Natalia Ángel Cabo advirtió que no había una amenaza latente contra el presidente, y recordó que los jueces deben actuar tras un análisis riguroso de las pruebas, no anticiparse a los hechos.
Mientras tanto, la controversia jurídica sigue encendida, y las tensiones entre las instituciones que vigilan el poder electoral y el Ejecutivo vuelven a poner a prueba la solidez del Estado de derecho en Colombia.
