La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció que familiares del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han recibido más de 3.000 millones de pesos en contratos y cargos públicos desde la llegada del presidente Gustavo Petro al poder en 2022.
Según la información recopilada y divulgada por la congresista, varios miembros del círculo familiar del ministro habrían sido beneficiarios de contratos con distintas entidades del Estado entre 2023 y 2026. Miranda pidió que los órganos de control revisen los casos y determinen si existe o no algún conflicto de interés.
Entre los casos documentados se encuentra el de María Clara Berrocal, cuñada del ministro, quien suscribió contratos con la Jurisdicción Especial para la Paz por más de 390 millones de pesos. También figura Sebastián Jaramillo Berrocal, sobrino del jefe de la cartera de Salud, quien registra un contrato con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Otro de los nombres mencionados es Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, quien habría celebrado múltiples contratos con entidades públicas, entre ellas la Empresa Férrea Regional, que en conjunto superarían los 1.400 millones de pesos.
La denuncia también incluye a Sebastián Laverde Gómez, hijastro del ministro, quien fue contratado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). A su vez, Omar Jaramillo Martínez, hermano del ministro, figura con contrato en la Contraloría General de la República.
En la lista aparece igualmente Alejandro Jaramillo Gómez, hijo del ministro, designado como director de ProColombia en el Reino Unido, así como Beatriz Eugenia Gómez, esposa del funcionario, quien ocupa el cargo de superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud.
“Mientras Colombia enfrenta una profunda crisis en el sistema de salud, es legítimo preguntarse si estamos ante un entramado familiar que ha concentrado millonarios recursos públicos. El país merece explicaciones claras, transparencia absoluta y garantías de que no existen conflictos de interés”, afirmó Miranda.
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La representante señaló que el control político no puede ser selectivo ni condicionado por afinidades partidistas y que corresponde a las entidades competentes revisar la legalidad de cada uno de los contratos y nombramientos.
“El cambio prometía acabar con las élites enquistadas en el poder. Colombia necesita respuestas, no silencios”, agregó la congresista.
Hasta el momento, el Ministerio de Salud no se ha pronunciado oficialmente frente a los señalamientos. La denuncia se produce en medio del debate nacional sobre la reforma al sistema de salud y la situación financiera de hospitales y EPS, contexto en el que Miranda insiste en que cualquier posible irregularidad debe ser esclarecida con celeridad y transparencia.
