La Fiscalía General de la Nación dejó en libertad a Óscar Ojeda Durán, alias ‘Leopoldo’, jefe negociador de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’, pocas horas después de haber sido capturado en cumplimiento de una circular azul de Interpol.
La detención se produjo en la tarde del 22 de febrero en un puesto de control de la Policía Nacional en Puerto Concordia, cuando fue requerido el vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el que se movilizaba.
Durante la verificación de antecedentes, los uniformados encontraron activa una circular azul, mecanismo que permite ubicar y obtener información sobre personas requeridas dentro de investigaciones penales.
Proceso por lavado y suspensión de órdenes
Alias ‘Leopoldo’ es requerido por la justicia colombiana por los delitos de financiación del terrorismo y administración de recursos provenientes de actividades terroristas. Además, enfrenta un proceso por lavado de activos en el país, que estaría relacionado con posibles vínculos a delitos asociados al narcotráfico.
Sin embargo, tras su captura, la Fiscalía revisó su situación jurídica y concluyó que sus órdenes de captura de carácter nacional están suspendidas desde 2023, en virtud de su participación formal como representante de ese grupo armado en el proceso de paz con el Gobierno Nacional.
Según informó Caracol Radio, la suspensión fue adoptada mediante la Resolución 0376 de la Fiscalía, expedida en el marco de los diálogos. A esto se suma la certificación previa de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que indicó que Ojeda Durán cuenta con amparo presidencial mientras ejerza como jefe de la delegación.
De la captura a la libertad
Una vez verificada la vigencia de la suspensión, la fiscal segunda especializada contra el Lavado de Activos ordenó levantar el acta correspondiente y permitir que alias ‘Leopoldo’ continuara su desplazamiento.
En pocas horas, el jefe negociador recuperó su libertad, lo que generó reacciones dentro de la delegación de paz de las disidencias de ‘Calarcá’, que había solicitado una respuesta inmediata del Gobierno al considerar que el procedimiento afectaba el desarrollo de los diálogos.
La suspensión de las órdenes de captura no significa la terminación de los procesos judiciales en su contra, sino una medida temporal condicionada al cumplimiento de los compromisos adquiridos en la mesa de negociación. En caso de incumplimiento, dichas órdenes podrían reactivarse.
