En la noche del 12 de junio, la reconocida periodista y ahora precandidata presidencial Vicky Dávila recibió una visita inesperada y alarmante en su apartamento en Bogotá.
El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, junto al coronel Joaquín Darío Medrano, director de Protección de la misma institución, llegaron con un mensaje contundente: existía un plan en marcha para asesinarla, presuntamente orquestado por el Clan del Golfo. La advertencia, que partió desde el más alto nivel del gobierno, incluido el presidente Gustavo Petro, desató una tormenta política y mediática.
¿Una amenaza real o una jugada política?
Según reveló Dávila al medio La Silla Vacía, la información fue tan detallada que las autoridades la consideraron creíble. De hecho, la Dirección Nacional de Inteligencia, según dijo el general Triana, recibió la alerta de una agencia internacional. El mensaje fue claro: era necesario reforzar su seguridad de forma urgente.
Este refuerzo se implementó con miembros de la Policía Nacional, diferenciándose del esquema que normalmente ofrece la UNP (Unidad Nacional de Protección). Dávila fue instruida a permanecer en casa y evitar exponerse, especialmente en ventanas o espacios abiertos. “La Policía se ha portado muy bien”, afirmó, aunque reconoció el fuerte impacto del aviso en medio de su agenda política.
La contradicción entre el discurso oficial y el político
La situación se torna aún más compleja por las contradicciones entre los mensajes privados del gobierno y las versiones públicas emitidas por actores políticos del petrismo. Días antes de la visita de Triana, Dávila había denunciado un supuesto atentado en su contra, atribuido a disidencias de las FARC comandadas por "Iván Mordisco", citando fuentes de inteligencia militar. Sin embargo, los nombres de los presuntos ejecutores mencionados por ella no coincidían con los datos oficiales y pertenecían a grupos distintos.
Horas después, el exalcalde de Medellín y precandidato del petrismo, Daniel Quintero, respondió desde la Casa de Nariño con una versión diametralmente opuesta. Aseguró que el ataque contra el también precandidato Miguel Uribe fue ideado por el Clan del Golfo en alianza con una “extrema derecha” extranjera, con el fin de desestabilizar al gobierno Petro. En esa narrativa, Dávila no era una víctima, sino una pieza clave de una supuesta conspiración.
Quintero fue más allá al afirmar que el plan incluiría futuros atentados contra otras figuras como María Fernanda Cabal, María José Pizarro e incluso él mismo. Esta línea fue retomada por Señal Investiga, un programa emitido por RTVC, que sugirió —sin pruebas— que Dávila sería parte de un complot para desestabilizar al gobierno, en una maniobra atribuida al excanciller Álvaro Leyva.
Una reunión rechazada y un llamado tardío
La tensión se incrementó aún más cuando Dávila se negó a asistir a la reunión de garantías electorales convocada por el gobierno, liderada por el ministro del Interior, Armando Benedetti. “Para mí no era coherente ir luego de ser la primera en decir que Petro era el responsable político”, explicó la periodista, quien ha sido una crítica constante del actual gobierno.
Paradójicamente, fue el mismo Benedetti quien días después la contactó directamente para informarle que debía recibir una visita urgente del general Triana. Era la confirmación de que la amenaza contra su vida era real y tomada en serio desde el Ejecutivo.
Un panorama turbio de cara a las elecciones
Este episodio deja al descubierto una mezcla inquietante de violencia política, información cruzada y uso estratégico de las narrativas de seguridad. La situación de Vicky Dávila no solo pone en entredicho la capacidad del Estado para proteger a todos los candidatos, sino también evidencia la creciente politización del discurso sobre seguridad nacional.
El caso plantea preguntas profundas: ¿Es posible separar las amenazas reales de las estrategias políticas? ¿Qué papel juegan los medios y el propio gobierno en la construcción de versiones enfrentadas sobre hechos graves? Y, más preocupante aún, ¿cómo se garantiza la integridad de todos los actores en un clima de desconfianza y polarización?
Mientras tanto, Dávila ha retomado su campaña, aunque bajo fuertes medidas de seguridad. La amenaza sigue presente. Y también, el silencio y las dudas que rodean a una advertencia que parece mezclar lo urgente con lo político.
