A un solo debate de que sea aprobado el proyecto de reforma al equilibrio de poderes en el Congreso de la República, se calientan los ánimos entre algunos de los ponentes de la iniciativa y sus principales detractores: las altas cortes.
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Sin embargo, en el antepenúltimo debate del proyecto, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el poder judicial se anotó un hit y logró que fueran incluidas algunas de sus propuestas.
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¿Qué aspectos lograron los magistrados que se incluyeran o reformaran en el séptimo debate?, ¿Quedaron satisfechas las altas cortes?
Para responder a estas preguntas, Kienyke.com consultó a uno de los ponentes de la iniciativa y al magistrado que ha estado más pendiente del trámite del acto legislativo, quien además ha lanzado más dardos al mismo.
De un lado, el representante a la Cámara por el partido de La U, Berner Zambrano, mostró su inconformismo con las ‘concesiones’ que le hizo el Congreso a las cortes en el tema epicentro de la discordia: la autonomía para administrar los recursos.
Berner Zambrano, representante a la Cámara por el Partido de La U.
“No tiene lógica quitar la supuesta injerencia del Gobierno en las decisiones administrativas de la Rama, pues el Ejecutivo es el de la plata”, dijo.
Aunque no se ha dicho de manera oficial, fuentes del Congreso indicaron que fue el mismo Gobierno, en cabeza del ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, quien abogó por las cortes.
De otro lado, el congresista Zambrano describió qué logros alcanzó el poder judicial en la recta final del proyecto de reforma constitucional.
Aunque la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura era uno de los inamovibles de los magistrados, su desaparición ya no tiene vuelta de hoja. La disputa se centró en cómo quedaría integrada la sala de Gobierno que lo reemplazaría y administrará las finanzas de la rama.
Sobre este punto, el texto aprobado por la Comisión Primera de la Cámara incluyó la integración de un consejo de gobierno de la Rama Judicial por los presidentes de las cortes, un representante de jueces y magistrados, otro representante de los trabajadores judiciales, el gerente de la Rama Judicial, quien tendrá voz y voto, y tres expertos.
Estos expertos serán elegidos por concurso de méritos, organizados por universidades acreditadas y nombrados por los presidentes de las altas Cortes.
Se eliminó uno de los requerimientos de las cortes: que no tuviera presencia con poder de decisión el ministro de Justicia.
En el más reciente debate se le dio un poder prominente al director ejecutivo de la Rama Judicial, o más conocido como gerente de esa rama, “quien se dedicará exclusivamente al tema del presupuesto del sector y no los presidentes de las altas cortes”, explicó Zambrano.
Sin embargo, este medio digital conoció que este aspecto no dejó muy contentos a los integrantes de las altas Cortes, así como el manejo de los concursos de méritos para cargos de carrera de la rama judicial, pues este será manejada por los tres expertos de la sala de gobierno.
De igual manera, se eliminó la falta grave estipulada para los magistrados que se demoren más de dos meses en la elección de funcionarios públicos o ternas.
Los integrantes del tribunal de aforados los elige el Congreso de una lista que sale de un concurso de méritos, e investigará a los magistrados de altas cortes, al Presidente de la República y al Fiscal General.
Frente a la petición de que a los magistrados les fuera garantizada una segunda instancia en su juzgamiento, no quedó estipulada en el texto final, pero Berner Zambrano indicó que “van a tener garantías, y miraremos qué fórmulas se buscan al respecto, como por ejemplo a través de una ley estatutaria”.
A los magistrados de altas cortes los juzgará el Tribunal de Aforados, así como al Fiscal General y al Presidente de la República. Sin embargo, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara seguirá operando por lo menos un año más. Los magistrados habían solicitado eliminar inmediatamente dicha comisión.
En lo que sí no dio el Congreso su brazo a torcer fue en la eliminación de la puerta giratoria o ‘el yo te elijo tú me eliges’, pues se estableció un año de inhabilidad para los magistrados una vez culminen su período. Los magistrados habían solicitado en varias oportunidades la eliminación de ese artículo.
Por su parte, el magistrado del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, mostró su inconformismo con lo aprobado hasta el momento en la Cámara de Representantes.
Gustavo Gómez Aranguren, magistrado del Consejo de Estado.
“En esta puja va perdiendo el pueblo colombiano porque esas peleas son demasiado triviales. Nada le sirve al ciudadano que tal funcionario o no sea elegido o no para una determinada sala. La nuez del problema es cómo ese consejo de gobierno de la Rama Judicial quede con las competencias que le dio la carta del 91 a la justicia para ser un poder dentro del Estado”, dijo.
Gómez Aranguren, quien presidió el Consejo de Estado en el 2012, manifestó que tal como está contemplado en el texto recientemente aprobado, “la ciudadanía está perdiendo una justicia con autonomía económica, administrativa, y fuera de eso va quedar sin autonomía para manejar la carrera judicial, sin poder hacer planes estratégicos. Lo que se aprobó son cosas demasiado triviales”.
Según señaló el consejero de Estado, el órgano que reemplazará al Consejo Superior de la Judicatura quedó sin funciones, “y el pulso lo está ganando la burocracia. Cualquier cosa pueden hacer con el tema de la cooptación o con la integración del órgano de gobierno del poder judicial, pero lo que se está perdiendo es la autonomía e independencia judicial”.
Dicha sala de gobierno, en boca de Gómez Aranguren, quedó con las funciones de hacer una cantidad de listas y convocatorias, producir una serie de reglamentos para trámites judiciales y rendir cuentas ante el Congreso. “No hay alguna función que tenga que ver con la autonomía administrativa y financiera”, subrayó.
El magistrado cuestionó que si la Procuraduría y la Contraloría tienen su propia ley orgánica, autonomía presupuestal y el procurador maneja sus políticas internas, su personal, el presupuesto, y define cuál debe ser la orientación de su entidad, ¿por qué el poder judicial no?.
Esta semana los ponentes de la reforma al equilibrio de poderes dejarán definida la ponencia para el último debate, en la plenaria de la Cámara de Representantes, sin muchos cambios sustanciales del texto aprobado hasta ahora, y la próxima semana se debatirá.
Berner Zambrano, representante a la Cámara por el Partido de La U.
“No tiene lógica quitar la supuesta injerencia del Gobierno en las decisiones administrativas de la Rama, pues el Ejecutivo es el de la plata”, dijo.
Aunque no se ha dicho de manera oficial, fuentes del Congreso indicaron que fue el mismo Gobierno, en cabeza del ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, quien abogó por las cortes.
De otro lado, el congresista Zambrano describió qué logros alcanzó el poder judicial en la recta final del proyecto de reforma constitucional.
Aunque la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura era uno de los inamovibles de los magistrados, su desaparición ya no tiene vuelta de hoja. La disputa se centró en cómo quedaría integrada la sala de Gobierno que lo reemplazaría y administrará las finanzas de la rama.
Sobre este punto, el texto aprobado por la Comisión Primera de la Cámara incluyó la integración de un consejo de gobierno de la Rama Judicial por los presidentes de las cortes, un representante de jueces y magistrados, otro representante de los trabajadores judiciales, el gerente de la Rama Judicial, quien tendrá voz y voto, y tres expertos.
Estos expertos serán elegidos por concurso de méritos, organizados por universidades acreditadas y nombrados por los presidentes de las altas Cortes.
Se eliminó uno de los requerimientos de las cortes: que no tuviera presencia con poder de decisión el ministro de Justicia.
En el más reciente debate se le dio un poder prominente al director ejecutivo de la Rama Judicial, o más conocido como gerente de esa rama, “quien se dedicará exclusivamente al tema del presupuesto del sector y no los presidentes de las altas cortes”, explicó Zambrano.
Sin embargo, este medio digital conoció que este aspecto no dejó muy contentos a los integrantes de las altas Cortes, así como el manejo de los concursos de méritos para cargos de carrera de la rama judicial, pues este será manejada por los tres expertos de la sala de gobierno.
De igual manera, se eliminó la falta grave estipulada para los magistrados que se demoren más de dos meses en la elección de funcionarios públicos o ternas.
Los integrantes del tribunal de aforados los elige el Congreso de una lista que sale de un concurso de méritos, e investigará a los magistrados de altas cortes, al Presidente de la República y al Fiscal General.
Frente a la petición de que a los magistrados les fuera garantizada una segunda instancia en su juzgamiento, no quedó estipulada en el texto final, pero Berner Zambrano indicó que “van a tener garantías, y miraremos qué fórmulas se buscan al respecto, como por ejemplo a través de una ley estatutaria”.
A los magistrados de altas cortes los juzgará el Tribunal de Aforados, así como al Fiscal General y al Presidente de la República. Sin embargo, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara seguirá operando por lo menos un año más. Los magistrados habían solicitado eliminar inmediatamente dicha comisión.
En lo que sí no dio el Congreso su brazo a torcer fue en la eliminación de la puerta giratoria o ‘el yo te elijo tú me eliges’, pues se estableció un año de inhabilidad para los magistrados una vez culminen su período. Los magistrados habían solicitado en varias oportunidades la eliminación de ese artículo.
Por su parte, el magistrado del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, mostró su inconformismo con lo aprobado hasta el momento en la Cámara de Representantes.
Gustavo Gómez Aranguren, magistrado del Consejo de Estado.
“En esta puja va perdiendo el pueblo colombiano porque esas peleas son demasiado triviales. Nada le sirve al ciudadano que tal funcionario o no sea elegido o no para una determinada sala. La nuez del problema es cómo ese consejo de gobierno de la Rama Judicial quede con las competencias que le dio la carta del 91 a la justicia para ser un poder dentro del Estado”, dijo.
Gómez Aranguren, quien presidió el Consejo de Estado en el 2012, manifestó que tal como está contemplado en el texto recientemente aprobado, “la ciudadanía está perdiendo una justicia con autonomía económica, administrativa, y fuera de eso va quedar sin autonomía para manejar la carrera judicial, sin poder hacer planes estratégicos. Lo que se aprobó son cosas demasiado triviales”.
Según señaló el consejero de Estado, el órgano que reemplazará al Consejo Superior de la Judicatura quedó sin funciones, “y el pulso lo está ganando la burocracia. Cualquier cosa pueden hacer con el tema de la cooptación o con la integración del órgano de gobierno del poder judicial, pero lo que se está perdiendo es la autonomía e independencia judicial”.
Dicha sala de gobierno, en boca de Gómez Aranguren, quedó con las funciones de hacer una cantidad de listas y convocatorias, producir una serie de reglamentos para trámites judiciales y rendir cuentas ante el Congreso. “No hay alguna función que tenga que ver con la autonomía administrativa y financiera”, subrayó.
El magistrado cuestionó que si la Procuraduría y la Contraloría tienen su propia ley orgánica, autonomía presupuestal y el procurador maneja sus políticas internas, su personal, el presupuesto, y define cuál debe ser la orientación de su entidad, ¿por qué el poder judicial no?.
Esta semana los ponentes de la reforma al equilibrio de poderes dejarán definida la ponencia para el último debate, en la plenaria de la Cámara de Representantes, sin muchos cambios sustanciales del texto aprobado hasta ahora, y la próxima semana se debatirá.
