La Defensoría del Pueblo de Colombia lamentó este martes la "evidente ralentización" en la implementación del acuerdo de paz con las FARC de 2016 y "una considerable improvisación" del Gobierno colombiano para atender los compromisos adquiridos con las comunidades en el texto de La Habana.
Al presentar el cuarto informe de implementación del acuerdo de paz, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, reiteró, como ya hizo con el tercero, que es "evidente una ralentización en el ritmo de ejecución y una considerable improvisación en la atención de los compromisos por parte de la nueva Administración".
Por ello, consideró que se debe "contar con una adecuada coordinación en la ejecución y seguimiento de los compromisos y garantizar celeridad en su cumplimiento".
En especial, el defensor consideró prioritarios dos puntos: retomar y mejorar los planes de seguridad para excombatientes de las FARC, ya que han sido asesinados casi 400 firmantes del acuerdo de paz, y también avanzar en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y proteger a quienes lo lideran.
Sustitución de cultivos
En la ejecución de proyectos productivos de ciclo largo, solamente registra un avance del 2 % de un total que involucra a alrededor de 100.000 familias en todo el país, según el informe.
El actual Gobierno ha asignado un presupuesto de 1.008 billones de pesos (unos 240.159 millones de dólares) para el cierre financiero del PNIS, se lee en el informe.
Esto "con el fin de atender los componentes rezagados del programa, como asistencia alimentaria inmediata, asistencia técnica integral, autosostenimiento y seguridad alimentaria, proyectos productivos de ciclo corto, proyectos productivos de ciclo largo y atención inmediata a recolectores", aunque es una cifra que aún no ha sido desembolsada y con la misma "se pretende dar finalización al programa".
"Preocupa a la Defensoría del Pueblo que el Gobierno Nacional anuncie el cierre de una política de Estado derivada del Acuerdo Final", alega el informe.
Después de que el anterior Gobierno decidiera no apostar por la sustitución, parte del rezago se debe también a la presencia de actores armados en los territorios, que quieren controlar dichos cultivos.
"En especial, los programas de sustitución de cultivos ilícitos y de restitución de tierras han venido teniendo un actor en contra que impide su adecuada implementación; los grupos al margen de la ley", destacó el defensor en la presentación del informe.
Y continuó: "La presencia de estos grupos y la relativa ausencia del Estado ha hecho que las cifras previstas como avance resulten deficitarias".
Junto a este punto, preocupa también a la Defensoría el incremento de la minería ilegal que "ha desplazado las comunidades comprometidas en el proceso de sustitución, generando nuevos espacios de violencia", comentó Camargo.
Reparto de tierras
El acceso a tierras sigue siendo otro asunto pendiente, reportando que "se evidencia la carencia de una herramienta que permita presentar de forma periódica, pública y transparente los avances de la conformación del Fondo de Tierras, que a la fecha ha consolidado 20.406 predios con un área total de 2.233.168 hectáreas".
El Gobierno anunció una compra de tierras a ganaderos para avanzar en ese punto, aunque según la Defensoría "no presenta un avance significativo".
Y la Defensoría sí ha visto avances en la participación de las comunidades, que era uno de los puntos que se destacaba en el anterior informe de implementación.
"Se han generado importantes espacios de diálogo y se ha garantizado la presencia comunitaria", aludió el defensor, que recordó que se han realizado 16 encuentros regionales desde inicios de año, "lo que permitió que grupos motores y comunidades priorizaran más de 2.500 iniciativas de las 32.800 contenidas en los Planes de Atención Territorial para Reparación de Víctimas (PATR)".
