El Gobierno de Gustavo Petro, en su corto mes al frente del país, ha anunciado un completo revolcón a las estructuras nacionales frente a temas como la economía, la seguridad y la tierra. La reforma política, claramente, no se ha hecho esperar y ya avanza en su trámite legislativo para ser una realidad.
Consolidar el voto obligatorio, limitar los periodos en el Congreso, así como la financiación estatal de las campañas son solo algunas de las propuestas que plantea la reforma política. Sin embargo, hay otras que generan preocupación respecto a lo que podrían representar en la democracia colombiana.
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La luz verde al transfuguismo, por ejemplo, puede vulnerar la diversidad política y representativa de Colombia. Según señala la reforma política, los congresistas podrán cambiar, por una única vez, a un partido diferente al que los avaló, sin incurrir en doble militancia o sin que deban perder su curul. Lo cual genera preocupación en las colectividades más reducidas.
De igual forma, la autorización para que congresistas puedan pasar a ser parte del gabinete ministerial sin renunciar a su curul con un año de anterioridad, tal y como sucede actualmente, podría resultar en una manera de ganar mayores apoyos dentro del Congreso bajo la promesa de un cargo en el Gobierno, normalizando la "mermelada".
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Así mismo, existe un fuerte debate sobre lo que representaría la obligatoriedad del voto durante dos periodos a partir del 2026. Si bien la intención principal es combatir el abstencionismo electoral, puede ser una herramienta de doble filo para la compra desmesurada de votos.
El razonamiento para este peligro es sencillo. Si existe mayor número de personas con intención de voto, hay más personas a las cuáles comprarles el voto y, en ese sentido, será más barato debido a que existe mayor competencia. Una problemática que con el pasar de los años se ha incrustado en varias regiones del país.
Aún es pronto para determinar la verdadera magnitud de una reforma política que prácticamente sigue en estructuración. Habrá que esperar a que siga su trámite y supere más debates para saber qué riesgos están detrás de ella.