En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, la Ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago, presentó su renuncia irrevocable al cargo, efectiva a partir del 1 de junio de este año. La decisión, según explicó, responde a una profunda reflexión personal y profesional motivada por intentos de injerencia en su gestión y una necesidad de coherencia con sus principios éticos.
En la misiva, Buitrago subraya que su decisión no se basa en descontento con el cargo, el cual asegura haber desempeñado con felicidad y compromiso, sino en la necesidad de mantener su independencia. “Mis actuaciones no dependen de influencias, ni amenazas, persuasiones, ni interferencias o intereses políticos”, afirmó, dejando entrever un malestar por presiones externas recientes que han intentado incidir en su labor al frente de la cartera.
La ministra, reconocida por su trayectoria en defensa de la justicia y los derechos humanos, reiteró que ha actuado siempre con apego a la ley, la equidad y la transparencia, y que seguirá siendo fiel a esos principios más allá de cualquier posición pública. “Prefiero, como se lo dije desde el principio, seguir siendo lo que soy”, escribió, en un tono que resalta su compromiso con la integridad y la independencia.
Aunque no detalla los actores específicos detrás de los intentos de injerencia, Buitrago advierte que estos han sido persistentes en las últimas semanas. No obstante, reitera que ha liderado la cartera con la convicción de fortalecer el Estado de Derecho y avanzar en la modernización del sistema de justicia, a pesar de limitaciones presupuestales que, según ella, impidieron alcanzar mayores logros.
“Muchas personas han muerto por ello y más lo harán si no se concreta”, advierte con énfasis al referirse al anhelo presidencial de alcanzar la paz, en un llamado urgente a que dicha meta no quede en el papel.
La renuncia de Ángela María Buitrago deja entrever una tensión institucional en el interior del Gobierno, particularmente en torno a la autonomía de los ministerios y el respeto por la gestión técnica de sus titulares. Su salida abre interrogantes sobre el rumbo de la justicia en el país y la relación del Ejecutivo con sus ministros.
