Desde Tumaco, municipio ubicado en el Pacífico Colombiano, el presidente Petro,en el mes de octubre, aseguró que la política antidriogas que se implementó en el gobierno de Juan Manuel Santos habría sido un “un antro de corrupción".
Estas declaraciones, que fueron escuchadas por el exministro de Trabajo del gobierno Santos, Rafael Pardo, y el exfuncionario Eduardo Díaz Uribe, terminaron en generar una acción de tutela por vulnerar los derechos de honra y buen nombre.
Tras casi 6 meses de investigaciones, el Consejo de Estado dio un plazo de 48 horas a la presidencia para presentar las pruebas que llevaron a la conclusión expuesta por Gustavo Petro en medio de su intervención.
“Se debe entender que la petición fue presentada desde el momento en que la autoridad recibió la solicitud por cualquiera de los medios habilitados para tal efecto. Así las cosas, dicho término empezó a contabilizarse desde el 11 de octubre de 2023, por lo que hasta la fecha han trascurrido más de 5 meses sin que se haya proporcionado una respuesta de fondo", se lee en el derecho de petición presentado.
Cabe resaltar que el Concejo de Estado se vio en la obligación de tomar esta decisión, ya que, el primer mandatario, no presentó una disculpa pública ni se retractó de sus palabras en los 15 días siguientes de sus afirmaciones.
En el caso de que no se tengan las pruebas, en el mismo periodo de tiempo, la presidencia deberá presentar una retractación de lo afirmado en el departamento del pacífico a mediados del mes de octubre.
