El decreto de la consulta popular que firmó el presidente Gustavo Petro, el pasado Miércoles, 11 de junio, ha desatado toda una ola de reacciones en diversos sectores y gremios, quienes critican que se haya pasado por encima de la negativa del Congreso que ponía un alto a la posibilidad de convocar a la ciudadanía para aprobar la reforma laboral.
Es válido aclarar que la votación que se realizó en el Senado, dio como resultado la negativa de la convocatoria con 49 votos en contra y 47 a favor. Sin embargo, desde la administración nacional han indicado que hubo un presunto fraude y aseguran que la discusión en el Legislativo no fue acorde al debido proceso.
A pesar de la respuesta del Senado, desde el Gobierno siguieron con su insistencia en llevar a cabo la consulta, lo que llevó al presidente Gustavo Petro a firmar su decreto, que deberá ser evaluado por la Corte Constitucional.
Este acto generó reacciones en los gremios como es el caso de Aliadas, el gremio de gremios, quienes por medio de un comunicado dejan clara su postura contra la determinación del jefe de Estado: “A lo que el país ha venido presenciando con la creciente preocupación, se suma ahora una nueva señal de debilitamiento institucional: La firma del decreto por parte del presidente Gustavo Petro para convocar una Consulta Popular sobre la reforma laboral, a pesar de que el Congreso, de forma clara y mayoritaria, negó el concepto previo que exige la Constitución”, señalan.
Según el gremio, “el Ejecutivo decidió avanzar de forma unilateral, desconociendo el principio de separación de poderes y el rol del Congreso como instancia legítima del debate democrático”, aclarando que “el propio presidente afirmó que será ahora la Corte Constitucional quien determine si el decreto entra en vigor”.
Para Aliadas, esta decisión presenta serias violaciones al orden constitucional. Indican que la consulta popular debe tener un concepto previo del Senado, con base al artículo 105 de la Constitución Política, la cual fue negativa. Además, comentan que el hecho de ignorar esa decisión convierte automáticamente el decreto en “inconstitucional”.
También recalcan que “ninguna autoridad está por encima de la Constitución, ni siquiera el Ejecutivo”, y que “saltarse al Congreso rompe el equilibrio de poderes y debilita la democracia”.
Para ellos, el acto realizado por el mandatario “resquebraja la confianza ciudadana normalizando la desobediencia constitucional”. Y al mismo tiempo “sienta un precedente institucional profundamente riesgoso”, puntualizan.
Por último, desde la asociación de gremios hacen un llamado urgente a la Corte Constitucional para que “valore la posibilidad de adoptar una medida provisional que contenga el daño institucional que esta convocatoria puede generar y preserve la coherencia del orden jurídico”.
Esta voz se suma a la de diversos actores políticos que han tachado la medida como un intento de Golpe de Estado. Así lo dijo la senadora Angélica Lozano, quien además, en su cuenta de X señaló que es un “burdo chantaje”.
Por ahora, se espera que avance la discusión de la reforma laboral en las plenarias del Congreso y la determinación por parte de la Corte sobre la viabilidad de la consulta popular.
