El atentado contra Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y precandidato presidencial, ha marcado un nuevo y preocupante capítulo en la historia reciente de Colombia.
Más allá del impacto político del ataque ocurrido en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, las autoridades han revelado detalles estremecedores sobre la participación de un menor de edad como autor material del intento de homicidio.
Su confesión no solo permitió esclarecer los hechos, sino que también dejó al descubierto una red criminal y serias fallas en la seguridad de figuras públicas.
El sicario: un menor reclutado por estructuras criminales
El responsable del atentado es un adolescente con antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, desarraigo familiar y un historial de vinculación a estructuras delictivas. Según reveló la revista Semana, el joven trabajaba como jíbaro bajo las órdenes de un individuo conocido como alias Copper, a quien se refiere como “el patrón del barrio, el jefe de la olla”.
El menor confesó que recibió una oferta de veinte millones de pesos para asesinar a Miguel Uribe durante un mitin político. A pesar de no tener experiencia como sicario, accedió a cometer el crimen por necesidad económica y con la esperanza de ayudar a su familia, en especial a su abuela, su único apoyo.
Una misión planeada al detalle
Según su testimonio, Copper no estuvo presente el día del atentado, pero le dio instrucciones precisas: el punto de encuentro, el arma –una pistola Glock 9mm–, la ruta de escape y el uso de una moto solicitada por una aplicación de transporte. El joven fue orientado por otros cómplices hasta el lugar del evento.
Lo más alarmante es que el menor no conocía a quién iba a asesinar. Solo instantes antes del ataque, al preguntar a una asistente del evento, se enteró de que su objetivo era Miguel Uribe Turbay, una de las figuras políticas más visibles del país.
“A mí me iban a matar en esa vuelta”
Después de abrir fuego contra Uribe Turbay y generar pánico entre los asistentes, el joven intentó huir según lo planeado. Sin embargo, su escape fracasó. Fue herido en una pierna, golpeado y capturado poco después por las autoridades.
Durante su testimonio, aseguró que su vida también estaba en peligro: “A mí me iban a matar en esa vuelta”, dijo ante los fiscales. Según él, sus reclutadores nunca tuvieron la intención de pagarle, y su captura o muerte formaba parte del plan para eliminar cualquier rastro que condujera a los autores intelectuales.
Las autoridades recogieron su testimonio en dos audiencias reservadas mientras el menor se encontraba hospitalizado. Gracias a su colaboración, se logró identificar y capturar a otros implicados en el crimen, incluido el conductor de la motocicleta y un hombre apodado el Costeño.
Protección especial y debate público
El menor fue puesto bajo custodia del ICBF y recibió medidas de protección como parte del programa de testigos. También solicitó garantías para la seguridad de su abuela, temeroso de represalias. Esta decisión ha desatado un fuerte debate público, no solo por los beneficios otorgados, sino también por la necesidad de proteger a menores usados por estructuras criminales.
Falla en el esquema de seguridad de Miguel Uribe
El caso ha encendido las alarmas sobre la eficacia de los esquemas de protección para líderes políticos. El equipo de Uribe Turbay denunció fallas en la operación de la Unidad Nacional de Protección (UNP), señalando que el evento público no contaba con la cobertura adecuada a pesar de las advertencias.
La Fiscalía, en coordinación con organismos de inteligencia, continúa investigando los vínculos entre este atentado y posibles redes criminales más amplias, incluso con nexos internacionales, como el asesinato de un candidato en Ecuador que guarda similitudes en su modus operandi.
Reflexión nacional: ¿cuántos más?
La confesión del menor no solo reveló los mecanismos de reclutamiento de niños y adolescentes en Colombia, sino también la fragilidad institucional frente a la violencia política. El atentado contra Miguel Uribe Turbay es un recordatorio doloroso de la necesidad urgente de reformas estructurales que prevengan el uso de menores por parte del crimen organizado y garanticen la seguridad de quienes hacen vida pública en el país.
La historia del joven sicario es, al mismo tiempo, una tragedia personal y un llamado a la acción para toda Colombia.
