El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la convocatoria a una consulta popular para definir el futuro de las reformas sociales en Colombia ha generado diversas reacciones dentro del espectro político. Mientras algunos apoyan la medida como una forma de garantizar que la voluntad popular se haga valer, otros la critican severamente, asegurando que este paso refleja una falta de liderazgo y una renuncia al gobierno efectivo.
Una de las voces más críticas ha sido la del senador Miguel Uribe Turbay, quien no dudó en señalar que la consulta popular podría ser el fin del gobierno de Petro. "Con la consulta popular se acaba el gobierno. Gustavo Petro renuncia a ser presidente y se dedicará a la politiquería", afirmó Uribe. Según el senador, esta medida es una táctica para aferrarse al poder utilizando recursos públicos y programas sociales, en lugar de centrarse en la gobernabilidad y el bienestar del país.
Uribe acusó al presidente de anteponer sus intereses personales y políticos a los del pueblo colombiano, alegando que la reforma laboral y la reforma a la salud no solucionan los problemas estructurales de Colombia, sino que los agravan. "Es evidente que el gobierno fracasó. Es incompetente e incapaz", señaló el senador, quien destacó que, aunque Colombia necesita cambios, las reformas propuestas no son la solución.
Por otro lado, desde el Pacto Histórico, algunos políticos han mostrado un apoyo contundente a la consulta y a las reformas impulsadas por el presidente Petro. La representante a la Cámara Mafe Carrascal hizo un llamado a los trabajadores colombianos para que se movilicen y defiendan la reforma laboral, asegurando que esta es una conquista para los derechos laborales que fueron recortados por la Ley 789 de Uribe. Carrascal destacó que el gobierno de Petro y la bancada del Pacto Histórico están comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores.
Aída Avella, también del Pacto Histórico, expresó su frustración por el hecho de que ocho miembros de la Comisión VII del Senado hayan decidido archivar la reforma laboral, impidiendo que llegue a la plenaria para su discusión. "Irrespetan a la Cámara que dio una gran discusión al respecto", dijo Avella, cuestionando la falta de voluntad para discutir las reformas y planteando que el temor a la reforma no debería impedir un debate abierto y democrático.
Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, instó a los jóvenes y trabajadores colombianos a levantarse en defensa de sus derechos y exigir que la reforma laboral no se hunda. Mientras tanto, Marta Peralta, también del Pacto Histórico, calificó como "indignante" la negativa de la Comisión VII a debatir la reforma, asegurando que la falta de discusión va en contra de la naturaleza del Congreso.
Estas declaraciones reflejan el profundo divide político que se vive en Colombia en torno a las reformas del gobierno de Petro. Mientras algunos consideran que las reformas son necesarias para avanzar hacia un país más justo, otros temen que estas propuestas agraven la situación económica y social del país. El llamado a la consulta popular, entonces, se perfila como un último intento del presidente por darle a los colombianos la oportunidad de decidir su futuro. Sin embargo, el debate sobre la viabilidad de estas reformas y el futuro político del país sigue siendo incierto.
