Colombia respira desde hace una semana un ambiente de lucha contra la corrupción que con sobrada razón proviene de la consulta popular promovida por Claudia López y Angélica Lozano, que llevó a once millones y medio de colombianos a pronunciarse contra ese mal, que cada vez se enquista más en la sociedad. A partir del domingo 26 de agosto de 2018 emergieron de muchos sectores toda clase de propuestas, algunas con medio camino recorrido y otras completamente nuevas.
Kienyke.com se puso en la tarea de revisar el crecido número de iniciativas y los proyectos de ley que ya son públicos. Los resultados son sorprendentes, ya son más de 10 las propuestas que se han puesto a consideración de los colombianos. Desde 2017 a la fecha en el Congreso hay radicados cuatro proyectos que contemplan el fenómeno de la corrupción desde un punto de vista macro, otros se remiten a combatir la corrupción en el sector público y privado de manera puntual.
El primer proyecto de esta oleada se remite a mediados del año pasado y fue presentado por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en la segunda legislatura de 2017, ya hizo tránsito en el Senado y va para la Cámara, es el más adelantado de todos. Otro fue presentado por el expresidente Álvaro Uribe, hoy senador, y fue acumulado con la iniciativa del fiscal.
El tercero fue el radicado por el gobierno nacional dos días después de la posesión del presidente Iván Duque y que posteriormente fue retirado según la Presidencia para revisar, modificar y presentarlo nuevamente, después de que se dijo que el proyecto aparentemente habría incluido un “mico”, que iría en contra de la reincorporación de exguerrilleros y miembros retirados de las fuerzas militares a la vida civil.
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Luego de la consulta el presidente Duque presentó en el Congreso un proyecto, que radicó personalmente, que recoge apartes contemplado del que se retiró y nuevas propuestas de lucha contra uno de los problemas que más afecta al país.
El partido Cambio Radical no se quedó atrás y llevó al congreso una propuesta integral de reforma a la justicia que permitirá combatir la corrupción. Colombia Humana y el Partido Conservador también se sumaron a las iniciativas y se las entregaron al presidente Duque, como un aporte a la construcción de una sola agenda.
Uno de los proyectos que más ha avanzado en materia anticorrupción, es el del fiscal general que de ser convertido en ley adoptaría medidas en materia penal y administrativa.
Entre las medidas más significativas de este proyecto de ley está penalizar la omisión de denuncia de los particulares que no adviertan los delitos de corrupción de los cuales tengan conocimiento, para quienes se presten como testaferros para ocultar bienes adquiridos con dineros que tengan origen en la corrupción.
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Este proyecto de ley introduce disposiciones administrativas y penales para fortalecer el marco normativo e institucional en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Endurece las penas de prisión, las inhabilidades y las multas para casos puntuales.
Entre los aspectos más importantes se destaca que quienes hayan financiado campañas políticas a cargos de elección no podrán celebrar contratos con el respectivo nivel de quien haya sido elegido con su apoyo económico, establece nuevas incompatibilidades e inhabilidades para quienes hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, endurece la contratación directa y, en el caso de los contratos con el estado, las operaciones de dinero de contratistas y subcontratistas se harán a través de una cuenta única bancaria.
A los contadores, revisores fiscales y jefes de control interno de entidades públicas y privadas los obliga a reportar operaciones sospechosas de corrupción a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y, en caso de no hacerlo, tendrán penas de prisión entre 3 y 6 años, endurece los términos de la prisión domiciliaria, inhabilita para el ejercicio durante el tiempo de una condena judicial de profesiones, artes, oficio, industria o comercio, a los urbanizadores ilegales les impone multas muy altas y prisión entre cuatro y diez años.
Para el testaferrato y el concierto para delinquir amplia las multas y las penas, así mismo para los delitos como el cohecho y la concusión, y a los servidores públicos que obtengan beneficio propio en la adjudicación de contratos en actuaciones administrativas propias de su cargo les impone cárcel entre 4 y 8 años e inhabilidad para ejercer cargos de 6 a 18 años e imposición de multas.
Uno de los proyectos que más ha avanzado en materia anticorrupción, es el del fiscal general que de ser convertido en ley adoptaría medidas en materia penal y administrativa.
Entre las medidas más significativas de este proyecto de ley está penalizar la omisión de denuncia de los particulares que no adviertan los delitos de corrupción de los cuales tengan conocimiento, para quienes se presten como testaferros para ocultar bienes adquiridos con dineros que tengan origen en la corrupción.
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Entre los aspectos más importantes se destaca que quienes hayan financiado campañas políticas a cargos de elección no podrán celebrar contratos con el respectivo nivel de quien haya sido elegido con su apoyo económico, establece nuevas incompatibilidades e inhabilidades para quienes hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, endurece la contratación directa y, en el caso de los contratos con el estado, las operaciones de dinero de contratistas y subcontratistas se harán a través de una cuenta única bancaria.
A los contadores, revisores fiscales y jefes de control interno de entidades públicas y privadas los obliga a reportar operaciones sospechosas de corrupción a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y, en caso de no hacerlo, tendrán penas de prisión entre 3 y 6 años, endurece los términos de la prisión domiciliaria, inhabilita para el ejercicio durante el tiempo de una condena judicial de profesiones, artes, oficio, industria o comercio, a los urbanizadores ilegales les impone multas muy altas y prisión entre cuatro y diez años.
Para el testaferrato y el concierto para delinquir amplia las multas y las penas, así mismo para los delitos como el cohecho y la concusión, y a los servidores públicos que obtengan beneficio propio en la adjudicación de contratos en actuaciones administrativas propias de su cargo les impone cárcel entre 4 y 8 años e inhabilidad para ejercer cargos de 6 a 18 años e imposición de multas.
Tal como se mencionó anteriormente, a este proyecto se le sumó la propuesta radicada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la senadora María del Rosario Guerra, que fue presentada el 25 de julio de 2017 y acumulada un mes después.La iniciativa del expresidente pretende “fortalecer y hacer más eficientes los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y control de gestión pública en el país", creando un Registro de Agenda Pública (RAP) que establece la obligatoriedad de registrar gestiones de interés públicos adelantadas por los funcionarios del Estado del más alto nivel y miembros de las corporaciones elegidos por voto popular. Este les quitaría beneficios a los corruptos, como el de acceder a casa por cárcel, al tiempo que serían inhabilitados para ejercer labores académicas, y como castigo deberán realizar trabajos sociales vistiendo prendas distintivas de resocialización. Además, establece que se les dará prioridad a las investigaciones en curso de los organismos de control que tengan como eje la corrupción.
