Lo que debe saber sobre la avalancha de decretos para la paz

El Gobierno Nacional expidió 34 decretos en el marco de la facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso de la República al presidente Juan Manuel Santos Calderón, -que vencían este lunes-, con el objetivo de agilizar la implementación de los acuerdos de paz firmados con las Farc en La Habana, Cuba. En ese sentido, asuntos como la salida de menores de los grupos al margen de la ley, las tierras, la erradicación de cultivos ilícitos y por supuesto el polémico tema del desarme están dentro de estas normativas que difundió la Presidencia de la República en las últimas horas.  

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Cabe recordar que la implementación de estos decretos será inmediata. No obstante, serán estudiados por la Corte Constitucional, y dado el caso que este alto tribunal objete alguno, deberá ser modificado por el Gobierno. Kienyke.com le explica algunos de los decretos más representativos de este paquete.

Decretos expedidos por el presidente Santos para la paz, bajo facultades otorgadas por el Congreso

Inventario de bienes de las Farc  El grupo deberá entregar el inventario de sus activos y bienes con el fin de reparar a las víctimas. Será la Misión de las Naciones Unidas y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación  los reciba. "Con dicho acto se entenderá plenamente concluida la dejación de armas y la terminación de todas las actividades y conductas propias del conflicto interno", establece el decreto 903. Salida de menores  De acuerdo con el decreto 671, "los menores desmovilizados en condición de tales son reconocidos per se como víctimas y que cuando la desmovilización es posterior a la mayoría de edad no se pierde la condición de víctima, derivada, en primer lugar, de la circunstancia del reclutamiento forzado, pero en ese caso se impone acreditar ese hecho para acceder a los programas especiales de desmovilización y de reinserción, en los cuales será preciso que se adelante una política diferencial que tenga en cuenta la situación de los menores y las limitaciones que tienen para abandonar los grupos al margen de la ley".

En ese sentido, precisa la norma, los niños que hayan salido de los campamentos durante las conversaciones de paz y luego de que finalice el proceso de paz, tendrán medidas de atención especiales. El acceso a la salud y a la educación será prioridad para ellos.

Además, los menores podrán reclamar la reparación del daño. La restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes estará a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Energía rural  En esta lluvia de decretos se encuentra también la Ley 884, que habla de las normas para la implementación del Plan Nacional de Electrificación Rural, que se acogerá cada dos años “para Zonas No Interconectadas (ZNI), y para el Sistema Interconectado Nacional.

En ese orden de ideas, en los próximos días, deberán construirse “mecanismos que permitan la administración, operación y mantenimiento sostenible de las soluciones energéticas que se construyan para su uso”.

"La formulación del Plan Nacional de Electrificación Rural PNER tendrá en cuenta las diferentes soluciones aplicables en materia energética, las necesidades reportadas por las entidades territoriales y las comunidades, y las condiciones socio ambientales de los hogares, así como alternativas de electrificación individual o colectiva". [single-related post_id="686615"] Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia Se trata de un órgano que propenderá por la reconciliación y la sana convivencia. De acuerdo con el Decreto de Ley 885, será liderado por el mandatario, delegados del Congreso, la Rama Judicial, los órganos de control (Contraloría, Procuraduría y Defensoría) y la sociedad civil. Tendrá las funciones de debatir y asesorar al Gobierno en temas como la prevención de la estigmatización de grupos específicos como la comunidad Lgtbi o los indígenas. En palabras del Gobierno: “el logro y mantenimiento de la paz y generar una cultura de reconciliación, tolerancia, convivencia y no estigmatización”. Docentes a las zonas afectadas por el conflicto Este es el 882, que pretende facilitar el acceso a la educación a aquellos niños y jóvenes que se encuentran en zonas impactadas por el conflicto armado de más de 50 años. “Para la definición de las zonas, el Ministerio de Educación Nacional deberá limitarse exclusivamente a aquellos municipios en los que existan dificultades para la provisión de planta en razón a la falta de oferta de docentes profesionales”.                     Tierras Formaliza la tenencia de la tierra y el acceso para quienes la quieran trabajar. El Decreto 902 establece condiciones para los "sujetos de acceso a tierra",  al tiempo que crea el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral con el fin distribuir tres millones de hectáreas a unas 800.000 familias. Obras por impuestos De otra parte, el decreto 883 deja que las compañías mineras enfocadas en la actividad portuaria, puedan hacer obras en sitios afectados por la guerra para que descuenten de sus impuestos. Así las cosas, de acuerdo con el Gobierno, se impulsará la participación de los empresarios en la implementación de lo pactado con las Farc.

"Podrán acogerse al mecanismo de pago previsto en este artículo, para lo cual deberán cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios establecidos".

[single-related post_id="699278"] Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado Tiene por objeto dirigir, coordinar, y contribuir a la e implementación de las acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, "de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Constitución Política y en el presente Decreto Ley, garantizando un enfoque territorial, diferencial y de género". Beneficios económicos para las Farc Entre los decretos para la paz también se encuentra el 899, que define y estable criterios, medidas e insturmentos  del Programa de Reincorporación Económica y Social, social colectiva e individual de los integrantes de las Farc. Esta normativa habla de asesoría jurídica y técnica, la entrega de $2 millones a cada miembro de la guerrilla una sola vez cuando finalicen las zonas veredales. También se adelantará un censo socioeconómico, habrá programas y proyectos productivos y otros planes sociales.

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