La plaza de La Alpujarra fue escenario de uno de los eventos políticos más polémicos del año en Colombia. El presidente Gustavo Petro, en un acto titulado “Un Pacto por la Paz Urbana”, no solo congregó a miles de simpatizantes, sino que llevó al límite la confrontación con las élites políticas de Antioquia al invitar a jefes de bandas criminales, actualmente en negociación con su Gobierno, a subir con él a la tarima.
La aparición pública de cabecillas como alias Douglas, Tom, Lindolfo y Carlos Pesebre, todos ellos salidos temporalmente de la cárcel de Itagüí, desató una tormenta política.
Aunque el Ejecutivo justificó su presencia como voceros del proceso de “paz total”, la imagen de estos condenados por delitos graves al lado del presidente fue interpretada por muchos como una afrenta directa a las víctimas y a las instituciones.
Un mensaje desafiante desde Antioquia
La decisión de Petro no fue casual. Medellín, bastión de sus opositores, ha sido históricamente un territorio hostil para el presidente. En las elecciones de 2022, fue derrotado en ambas vueltas. Hoy, su imagen favorable en la ciudad apenas alcanza el 15%, mientras el 81% lo desaprueba, según Invamer.
A pesar de este panorama, Petro eligió la capital antioqueña para enviar un mensaje fuerte: está dispuesto a romper con los esquemas tradicionales del poder. Durante su discurso, reiteró que los jefes de bandas han cumplido treguas parciales y ceses de violencia en barrios específicos, aunque también reconoció que se trata de pasos transitorios.
Más allá del simbolismo, el presidente propuso estudiar beneficios jurídicos a cambio de la desmovilización definitiva. “Mi propuesta consiste en que la fiscal general de la Nación y yo, como presidente, vayamos a la cárcel de Itagüí a revisar, bajo las normas legales, las posibilidades de beneficios”, dijo Petro, quien aún no cuenta con un marco legal claro para implementar esa amnistía.
Reacciones: del rechazo institucional al temor político
La respuesta de los líderes antioqueños no se hizo esperar. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó el evento como un acto de “premio a la barbarie”. Su indignación no solo tiene raíces políticas: uno de los presentes, Carlos Pesebre, ha sido acusado de planear su asesinato cuando fue alcalde entre 2016 y 2019.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, usó palabras contundentes: “Dime con quién andas y te diré quién eres”. Para él, el acto fue “una traición al Ejército, la Policía y a las víctimas del crimen”. En la misma línea, Sergio Fajardo —exgobernador y excandidato presidencial— consideró la manifestación como “el evento público con mayor dosis de violencia simbólica” del gobierno de Petro.
El expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático y oriundo del departamento, fue aún más crítico. Vinculó el evento con el intento de asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay, actualmente hospitalizado: “Las balas verbales se convierten en balas físicas”, escribió en un documento que también fustiga la política de paz total del Gobierno.
Una apuesta política con múltiples frentes
Además del controvertido acompañamiento de los cabecillas, Petro también dio visibilidad al exalcalde Daniel Quintero, quien enfrenta procesos judiciales y se perfila como posible candidato presidencial.
La presencia de Quintero en la tarima, y su promesa de “resetear la política de la mano de Petro”, alimentó las acusaciones de intervención electoral del presidente, lo que podría derivar en investigaciones formales.
Cinco ministros, congresistas oficialistas, líderes sociales, indígenas y campesinos también asistieron al evento. Sin embargo, su participación fue opacada por el protagonismo de los jefes criminales y el impacto simbólico de sus intervenciones.
Lo cierto es que este evento en Medellín representa un giro osado en la política de “paz total” de Gustavo Petro. Para algunos, un intento valiente de romper el ciclo de violencia desde sus raíces. Para otros, una peligrosa exaltación del crimen y una humillación a las víctimas. A menos de año y medio de dejar el poder, el presidente ha dejado claro que no moderará su estrategia, incluso desde Antioquia, uno de los departamentos que más desaprueban su gobierno.
