No es un juez, ni un fiscal, ni un investigador judicial. Pero cuando el presidente de Asobancaria habla de un “cartel de la insolvencia”, el país debería, al menos, detenerse a escuchar.
Jonathan Malagón no utilizó un término menor. “Cartel” no es una palabra técnica, sino una señal, una advertencia, una forma de decir que, detrás de múltiples casos, podría haber un patrón.
Lo que plantea no es simplemente el aumento de personas que no pueden pagar sus deudas, algo que ya sería, en sí mismo, un reflejo de la economía. Lo que pone sobre la mesa es otra cosa: la posibilidad de que el sistema de insolvencia esté siendo utilizado, presuntamente, como estrategia para no pagar.
Según sus declaraciones, existirían estructuras que asesoran a personas para entrar en procesos de insolvencia con una lógica distinta a la que contempla la ley. No para reorganizarse, no para cumplir, sino para salir del sistema con menos obligaciones o, en algunos casos, sin ellas.
La línea entre protección y abuso
La alerta es delicada porque toca el corazón de una herramienta diseñada para proteger. La insolvencia, bajo la Ley 1116 de 2006, nació como un mecanismo para salvar empresas y dar segundas oportunidades, no para convertir la deuda en una estrategia de salida.
Ahí está el punto incómodo.
Porque, si lo que sugiere Malagón tiene algún grado de realidad, el problema no es solo financiero. También es ético, institucional y estructural.
También es cierto, y ese es el equilibrio que no se puede perder de vista, que Colombia atraviesa un momento económico complejo, en el que miles de personas recurren legítimamente a la insolvencia para reorganizar su vida financiera. No todo el que entra en ese proceso está abusando del sistema, ni mucho menos.
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Pero entonces la pregunta queda abierta: ¿dónde está la línea entre la necesidad y el abuso?
Malagón habla de redes, de asesorías y de patrones repetidos. Habla de un fenómeno que, según él, ya no es marginal. Y, al hacerlo, pone presión no solo sobre los deudores, sino también sobre quienes operan el sistema: abogados, centros de conciliación y operadores judiciales.
El riesgo de sus palabras es evidente. Nombrar un “cartel” sin investigaciones concluidas puede generar ruido, sospechas y tensión en un sistema que ya es frágil.
Pero ignorarlo sería aún más grave.
Porque, si la insolvencia se convierte en un atajo, deja de ser una solución. Y cuando eso ocurre, el sistema deja de proteger y empieza a romperse.
